El matrimonio de etnia gitana víctima de un presunto delito de acoso inmobiliario por parte de vecinos de La Arboleda, en la localidad vizcaína de Trapagaran, declarará el próximo martes ante el juez de Barakaldo que instruye el caso. El proceso abierto por un conflicto que se inició el pasado 1 de abril cuando la pareja intentó ocupar la vivienda protegida que le había sido asignada, debía arrancar hoy mismo con la comparecencia como imputados de la teniente de alcalde, Pilar Souto, y dos representantes de la asociación vecinal. Sin embargo, el abogado que comparten ambos decidió pedir un aplazamiento de la cita. El letrado justificó su demanda por el retraso con que recibió el auto de enjuiciamiento.
«Este miércoles todavía no lo teníamos. Y no nos parece de recibo que lo entreguen tan tarde cuando este tema se conoce desde hace seis meses», criticó el presidente de la asociación de vecinos de La Arboleda, Iñaki Zamarripa, quien lamentó que se postergara su declaración. «Queremos afrontar la causa lo antes posible», aseguró.
Por su parte, la abogada del matrimonio presuntamente acosado, María Tato, aseguró que este tipo de aplazamientos es «algo habitual», aunque no ocultó su sorpresa. «Ahora habrá que esperar a que haya un hueco en el juzgado para tomarles declaración», avanzó. Mientras, Manuel y Laura Jíménez, la pareja repudiada, y uno de los ertzainas que intervino en los incidentes registrados en La Arboleda, abrirán el turno de comparecencias el martes a las diez de la mañana.
El juez les interrogará sobre los hechos ocurridos desde el 1 de abril, cuando el matrimonio procedente de Sestao y sus cinco hijos intentaron instalarse en una de las escasas viviendas protegidas de La Arboleda, que les fue asignada por el Gobierno vasco. Aquel día se encontraron con un centenar de vecinos que protagonizaban una sentada en el portal del edificio, en protesta por el realojo de una familia que consideran «conflictiva». En aquella ocasión la Ertzaintza tuvo que desalojar a los manifestantes y sacarles en volandas uno a uno. Desde entonces, la Policía autonómica ha acudido con frecuencia a la zona por llamadas de los residentes o de la propia familia afectada. Ambas partes han interpuesto varias denuncias por supuestas amenazas e insultos.