El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Extranjería con 180 votos a favor. El Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria (CC) apoyaron el texto, frente a la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente votó en contra porque no se incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas. Una de las novedades principales es el refuerzo de las competencias de las autonomías sobre extranjería.

La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración o el tráfico de personas, entre otras medidas.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración, que compareció en el Hemiciclo para agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios, “el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley” porque ha modificado “elementos que discriminaban” a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración.

“España tiene dos restos: apostar por una inmigración regular y legal (…) y apostar decididamente por un proyecto de integración”, explicó Corbacho durante su intervención. Incidió en que esta ley “amplía y reconoce a las autoridades que deben hacerlo posible” porque consolida las capacidades reconocidas a las autonomías en materia de inmigración.

Sin embargo, para el portavoz del PP en la materia, Antonio Hernando, el reconocimiento de las competencias como gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen de la inmigración “no tiene encaje constitucional”, aumentará “la inseguridad jurídica” y supondrá “el colapso de los tribunales superiores de justicia”.

Hernando criticó que la reforma haya salido adelante sin acuerdo con el principal partido de la oposición. “Nos han excluido; han preferido un acuerdo minimalista, un mal acuerdo, que un gran pacto”, sentenció el diputado, quien definió la nueva ley como “arbitraria, excluyente y acompañada de un presupuesto mezquino que va a incidir en la falta de integración”.

Demasiado internamiento

Desde IU- ICV- ERC, el voto negativo se justificó por desacuerdo con la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros, la restricción “innecesaria” de la reagrupación familiar y la falta de incorporación en la ley de referencias al derecho a voto de todos los inmigrantes, a la nacionalización en menos de cinco años para los no latinoamericanos, conforme explicaron los portavoces de ICV, Joan Herrera y de ERC, Joan Tardà, en sus intervenciones.

Por su parte, EAJ-PNV, que pasó de presentar una enmienda a la totalidad del proyecto a respaldar el texto que fue remitido al Senado, votó finalmente en contra porque no prosperó su propuesta de repartir ponderadamente los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. El portavoz, Emilio Olabarría, anunció que mantendrá “una actitud combativa” contra la ley porque, a su juicio, es una reforma “de derechas, manifiestamente mejorable, insuficiente y que puede contradecir derechos recogidos en la Constitución”.

El ministro Corbacho se mostró sorprendido por el cambio del PNV. “Los niños no son mercancías, no podemos ponerle una condición, yo voy a tener tantos niños en función del número de habitantes que tiene la comunidad autónoma y, por tanto, me sobran tres y mañana los pongo en el autocar y los envío a otra”.

En cuanto a los grupos que apoyan el texto, desde CiU, Carles Campuzano dijo no haber “encontrado ni visto una alternativa global a la actual política de inmigración” entre quienes se opusieron a la ley porque, en su opinión, se centraron en “aspectos puntuales que no son las cuestiones fundamentales”. Para la formación, la reforma es positiva porque, entre otros asuntos, “garantiza pleno respecto al Estatut de Cataluña” y amplía la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos sobre los flujos migratorios.

Coalición Canaria fue otro de los grupos que se mostró favorable al texto. Votó a favor de la ley y respaldaba la enmienda del PNV que finalmente fue rechazada. Fundamentó su apoyo al reconocimiento de dos de sus reivindicaciones clásicas: la ampliación del plazo de internamiento y las competencias y nuevas fórmulas en la gestión de los menores inmigrantes, conforme explicó la portavoz en la materia, Ana Oramas.

Esta modificación supone la cuarta en extranjería en ocho años. Inició su andadura el 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por vía de urgencia. Esta ley entrará en vigor un día después de su publicación en el BOE.

polémica

Decepción de las ONG por la reforma

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge expresaron ayer su “decepción” por la reforma de extranjería aprobada finalmente en el Congreso de los Diputados y que en su opinión, supone “un retroceso” y “una oportunidad perdida” para poner en práctica una “auténtica” política de integración. En un comunicado, estas entidades explican que durante la recta final del trámite parlamentario se han introducido en la nueva ley “elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración”.

“Creemos que vincular la concesión de derechos al tiempo de residencia en nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato”, denunciaron las ONG. Entre los puntos “más negativos” de la reforma, CEAR, Cáritas y Red Acoge coinciden en destacar que se ha “fragilizado el acceso a derechos” dificultando el acceso al padrón municipal “con la imposición de graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo” y se han mantenido “los recortes” en la reagrupación familiar. Asimismo, critican que la norma “somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular que son víctimas de violencia de género”.