DV. Investigarán si se está pagando a los menores extranjeros para que se trasladen de una comunidad autónoma a otra. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien puntualizó que se abrirán diligencias penales y se indagará allí donde exista el «más mínimo indicio» de irregularidades en los desplazamientos de unos centros a otros.
La alerta sobre presuntas irregularidades en los cambios de residencia de los menores no acompañados saltó ayer en Madrid, de la mano del diputado del PNV, Emilio Olabarria, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Olabarria denunció que «existen personas dentro del entorno de la administración de otras comunidades autónomas que están pagando el billete de viaje y proporcionando dinero a los menores inmigrantes» para que se desplacen a otras autonomías y, en concreto, al País Vasco, «que ya triplica su capacidad de acogida de estos menores», apostilló.
Olabarria fue más allá al afirmar, en presencia del ministro Caamaño, que estos hechos podrían constituir «un delito de tráfico ilegal de niños», al tiempo que pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue estas supuestas irregularidades.
Reparto desigual
El diputado jeltzale repasó los datos actuales sobre la situación de los menores extranjeros en España, que calificó como «dramáticos». Así, recordó que los servicios asistenciales del País Vasco acogen a 700 chavales; Canarias, a 1.300; Cataluña a más de 700; Madrid a 120; Valencia a cerca de un centenar y La Rioja, «se ha negado a acogerlos», apuntó.
Olabarria señaló que «todos los menores comentan que alguien les ha pagado el billete para ir a las capitales del País Vasco», lo que está ocasionando una situación «verdaderamente grave» que provoca una desestructuración de los servicios asistenciales vascos. Y, en esta línea, preguntó al ministro de Justicia si se está investigando estos supuestos pagos.
En respuesta, Francisco Caamaño subrayó que el ministerio fiscal cumple «rigurosamente las funciones que la ley le encomienda», incluidas las que tienen que ver con la tutela de los extranjeros menores, y replicó al diputado del PNV que «allí donde ha existido el más mínimo indicio de delito se han abierto diligencias penales». De hecho, desveló, «existen algunas diligencias abiertas» para investigar estos hechos. «Lo que no tiene sentido es dar instrucciones al Fiscal General del Estado para que haga algo que la Fiscalía ya está haciendo», aseveró.
En esta línea, Caamaño insistió en que el Gobierno ha suscrito acuerdos bilaterales con países como Senegal, Marruecos o Rumanía con el objetivo de reducir el número de menores en España y permitir su repatriación «siempre en el reencuentro familiar». También dijo que «si alguien conoce la existencia de ese delito, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades».
En Gipuzkoa, la diputada de Política Social y responsable de los centros de menores, Maite Etxaniz, se abstuvo de realizar valoraciones sobre este tema por el momento, mientras que desde SOS Racismo informaron que no han tenido constancia de que ningún menor haya llegado al territorio mediante pago previo. Sin embargo, esta misma asociación denunció el pasado mes de mayo en Juntas Generales que la Diputación trataba de «echar a los menores del centro de Deba – donde se concentran los más problemáticos- para que se buscaran la vida en otros lugares». En este caso, el representante de SOS Racismo Peio Aierbe censuró que la «desatención en el centro» buscaba «doblegar la voluntad» de los menores de permanecer en Gipuzkoa. «Se les hace firmar el abandono voluntario y se les paga el billete a otro punto cualquiera del Estado», afirmó Aierbe entonces.
Un viejo problema
El reparto de menores inmigrantes en las comunidades autónomas ha generado larga controversia en Gipuzkoa. De hecho, la última demanda de la Diputación tuvo lugar hace tan solo una semana, durante la comisión Interautonómica de directores generales de infancia celebrada en Madrid recientemente, donde insistió en la necesidad de adoptar «medidas efectivas» sobre los cupos de menores en los centros de los territorios del conjunto del Estado.
Tampoco son nuevas las denuncias realizada por Olabarria y SOS Racismo, a las que se suman las que recibieron las diputaciones de Vizcaya y Álava desde Galicia, en concreto de la Policía de A Coruña. En este caso la polémica se desató hace justo un año, tras la llegada a la comunidad gallega de 23 menores extranjeros procedentes del País Vasco que, dijeron, habían viajado «con la ayuda económica de sus cuidadores».
Los hechos, que fueron trasladados de manera inmediata a la Fiscalía, fueron negadas de forma tajante por todas las instituciones vascas implicadas. Y, finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria archivó las actuaciones.