Donostia. El diputado del PNV Emilio Olabarria aseguró ayer en el Pleno del Congreso de Madrid que existen personas del entorno de la administración de las comunidades autónomas que “están pagando el billete y proporcionando dinero a menores inmigrantes no acompañados” para que se desplacen a otras autonomías.

Durante la sesión de control al Gobierno y en presencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el diputado del PNV afirmó que estos hechos podrían constituir “un delito de tráfico ilegal de niños”, al tiempo que pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue estos casos.

Olabarria citó el ejemplo de Valencia y señaló cómo este hecho es conocido por las diputaciones forales porque “todos los menores que llegan a Euskadi desde Valencia lo comentan, dicen que alguien les ha pagado el billete”.

Así, incidió en que “Euskadi está triplicando su capacidad de acogida” y, con ello, “se están desestructurando los servicios sociales de las comunidades autónomas más potentes”. Puso de relieve una situación “llamativa”, ya que mientras los centros e instalaciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) acogen a 700 menores, Catalunya a otros 700 y Canarias a 1.300, la Comunidad de Madrid tiene bajo sus tutela a 120, la Comunidad Valenciana a menos de 100 y La Rioja se ha negado a recibir alguno.

Ante esta denuncia, Caamaño respondió al diputado del PNV que “allí donde ha existido el más mínimo indicio de delito se han abierto diligencias penales y, de hecho, existen algunas diligencias abiertas” para investigar estos hechos. “Lo que no tiene sentido es dar instrucciones al fiscal general del Estado para que haga algo que la Fiscalía ya está haciendo”, aseveró.

El ministro añadió que el Ministerio Fiscal “cumple rigurosamente las funciones que la ley le encomienda, incluidas las que tienen que ver con la tutela de los extranjeros menores no acompañados” y dijo que “si alguien conoce la existencia de ese delito, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, quienes sin duda lo investigarán y actuarán”.