Según un informe publicado este mismo año por Cáritas y elaborado por FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), se constata que a pesar del crecimiento económico que se ha registrado en España en la última década, los índices de desigualdad y de pobreza se han mantenido constantes a lo largo de todo el período, señalando que la exclusión social es una realidad en más de un 17% de los hogares españoles, y que medio millón de ellos aproximadamente que se encuentran en situación de pobreza extrema y exclusión severa especialmente delicada, deberían ser los destinatarios principales de las políticas de activación unidas a la garantía de ingresos mínimos.

Contrastan estos datos con las bajas cantidades que, a pesar de los desastres que está causando la crisis en cientos de hogares españoles, destina España a gasto social. Según apunta el profesor Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, «este enorme retraso social de España no se debe a que seamos pobres. En realidad el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE – 15. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE – 15. En otras palabras, España se gasta en su Estado de bienestar 74.000 millones de euros menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico».

Todo lo anterior son datos fríos, sin rostro humano, pero la situación adquiere tintes dramáticos para las personas que de forma voluntaria prestan ayuda en un observatorio impresionante para ver las causas de la crisis como es Cáritas del Barrio de la Paz de Murcia (entendemos que algo parecido ocurrirá en el resto de la Región). El primer dato a constatar es que se ha multiplicado por mucho el número de personas que acuden a pedir ayuda y, en segundo lugar, su perfil: aumentan las familias jóvenes con niños pequeños; parados recientes que comienzan a agotar la prestación de desempleo y entrar en situación de ingreso cero en sus hogares; hombres solos sin hogar o con él y en paro; mujeres mayores con pensiones mínimas, e inmigrantes con o sin papeles, pero que han perdido el empleo todos los miembros de la unidad familiar. El denominador común de casi todas estas familias (de 150 a 200): Que se les ayude a encontrar trabajo; no tienen para comer (leche, pañales…); no tienen para pagar la luz y/o el agua y por tanto se la van a cortar o ya la tienen cortada; no tienen para pagar el porcentaje de las recetas en tratamientos agudos o crónicos; con ingresos de 400 ó 500 euros, pagan 300 ó 400 de alquiler o hipoteca, etc. Algunos mantienen el tipo, y otros se derrumban. En definitiva son personas, gran parte de ellas, que han trabajado durante los tiempos de bonanza para el enriquecimiento de unos cuantos y que dada su situación serían merecedoras de un salario social mínimo o de una renta básica, y que ahora, las distintas administraciones públicas, haciendo dejación de sus responsabilidades, las dejan al pairo de la beneficencia. Porque las personas que trabajan en Cáritas tienen un compromiso para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos. Cáritas puede complementar los servicios públicos, pero no sustituirlos.

Bien es cierto que los Servicios Sociales municipales tramitan ayudas puntuales, pero en primer lugar, para que una persona sea recibida por los mismos necesita cita previa, que tarda más de un mes en concederse, y los trámites burocráticos hacen que la posible ayuda económica tarde en concederse cuatro, cinco o seis meses.

A pesar de todo, Iberdrola y el Ayuntamiento de Murcia (institución con participación mayoritaria en Emuasa), no tienen empacho en cortar el suministro de luz y agua potable a las familias del Barrio de la Paz que se han retrasado en el pago de los recibos, sin importarle si hay niños, personas mayores, personas impedidas, etc. para las que la luz y el agua es imprescindible. Además, en el caso del agua, para engancharla de nuevo el Ayuntamiento impone, aparte del pago de los recibos pendientes, una multa de 89,59 euros, que por supuesto la paga Cáritas. ¿Dónde queda la petición de España, junto con otros países, en el Foro de Estambul celebrado el pasado 22 de marzo, para que el acceso al agua potable sea un derecho humano básico?

Creemos que no hay voluntad política de los distintos gobiernos estatales, autonómicos y municipales en incrementar suficientemente las cantidades destinadas al gasto social, a fin de conseguir que todo ciudadano por el hecho de serlo disponga de una renta básica mínima que le garantice la satisfacción de sus necesidades mínimas (Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos). El pensamiento conservador y liberal tiene mucha influencia en las instituciones políticas. El argumento que utilizan, indicando que es el sector privado el que debiera realizar las labores del reparto de la riqueza, se ha demostrado que ha fracasado. El sector privado podrá complementar, pero no sustituir la función que le corresponde al Estado, así como Cáritas no puede ni debe hacer la función que corresponde hacer al sector público. No puede ser que constantemente se estén encontrando fondos especiales para ayudar a la banca, por ejemplo, mientras nuestros gobernantes continúan olvidando las enormes necesidades de las familias en grave situación de exclusión social y pobreza.