El diputado del PNV Emilio Olabarria aseguró ayer en el pleno del Congreso de los Diputados que existen «personas del entorno de la administración de las comunidades autónomas que están pagando el billete y proporcionando dinero a menores inmigrantes no acompañados» para que se desplacen al País Vasco. Olabarria llegó a citar a Valencia, «un hecho conocido por las diputaciones forales porque todos los que llegan de Valencia lo comentan. Dicen que alguien les ha pagado el billete».

Durante la sesión de control al Gobierno central y en presencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el diputado del PNV afirmó que estos hechos podrían constituir «un delito de tráfico ilegal de niños», al tiempo que pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue estos casos e «intervenga porque Euskadi está triplicando su capacidad de acogida».

Olabarria puso de relieve una situación «llamativa», ya que mientras el País Vasco acoge 700 menores, Cataluña otros 700 y Canarias 1.300, la Comunidad de Madrid tiene bajo sus tutela a 120, la Comunidad Valenciana a menos de 100 y La Rioja se ha negado a recibir alguno.

Caamaño respondió al diputado jeltzale que «allí donde ha existido el más mínimo indicio de delito se han abierto diligencias penales y, de hecho, existen algunas diligencias abiertas» para investigar estos hechos. «Lo que no tiene sentido es dar instrucciones al Fiscal General del Estado para que haga algo que la Fiscalía ya está haciendo», aseveró.

El ministro añadió que el Ministerio Fiscal «cumple rigurosamente las funciones que la ley le encomienda, incluidas las que tienen que ver con la tutela de los extranjeros menores no acompañados» y dijo que «si alguien conoce la existencia de ese delito, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, quienes sin duda lo investigarán y actuarán».