La Fiscalía está investigando la existencia de presuntos pagos a menores extranjeros no acompañados para que abandonen la comunidad autónoma en la que se encuentran y se trasladen a Euskadi. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, puntualizó que «existen algunas diligencias abiertas» para esclarecer estos hechos y que se abrirán diligencias penales allí donde exista el «más mínimo indicio» de irregularidades.

La denuncia saltó ayer de la mano del diputado del PNV, Emilio Olabarria, en el pleno del Congreso. Olabarria aseguró que «existen personas dentro del entorno de la administración de otras comunidades autónomas que están pagando el billete de viaje y proporcionando dinero a los menores inmigrantes » para que se desplacen a otras autonomías y, en concreto, al País Vasco, «que ya triplica su capacidad de acogida», concretó. Olabarria fue más allá al afirmar, en presencia del ministro Caamaño, que estos hechos podrían constituir «un delito de tráfico ilegal de niños», al tiempo que pidió a la Fiscalía que investigue estos supuestos.

El diputado jeltzale repasó los datos actuales sobre la situación de los menores extranjeros, que calificó como «dramáticos» y en algunos casos «llamativos»: mientras los servicios asistenciales del País Vasco acogen a 700 chavales, Canarias a 1.300 y Cataluña a más de 700, Madrid solo atiende a 120 y Valencia a cerca de un centenar, mientras que en La Rioja «se han negado a acogerlos».

Olabarria apuntó que «todos los menores comentan que alguien les ha pagado el billete para ir al País Vasco», lo que está ocasionando una situación «verdaderamente grave» que provoca una desestructuración de los servicios asistenciales. Y, en esta línea, preguntó al ministro de Justicia si se están investigando estos supuestos pagos del billete.

«Ya se está haciendo»

En su respuesta, el ministro de Justicia subrayó que el ministerio fiscal cumple «rigurosamente las funciones que la ley le encomienda», incluidas las relacionadas con la tutela de los extranjeros menores y replicó al diputado jeltzale que «allí donde ha existido el más mínimo indicio de delito se han abierto diligencias penales y, de hecho, dijo, existen algunas diligencias abiertas» para investigar estos hechos. «Lo que no tiene sentido es dar instrucciones al Fiscal General del Estado para que haga algo que la Fiscalía ya está haciendo», aseveró.

Caamaño insistió en que el Gobierno ha suscrito acuerdos bilaterales con países como Senegal, Marruecos o Rumanía con el objetivo de reducir el número de menores en España y permitir su repatriación «siempre en el reencuentro familiar». También dijo que «si alguien conoce la existencia de ese delito, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades».

La cuestión no es nueva. Las diputaciones de Vizcaya y Álava ya recibieron una denuncia semejante desde la Policía de La Coruña. La polémica saltó hace justo un año, tras la llegada a Galicia de 23 menores extranjeros procedentes del País Vasco que habían viajado supuestamente «con la ayuda económica de sus cuidadores».

Los hechos, que fueron trasladados a la Fiscalía, se centraron en tres casos: dos referidos a dos chicos residentes en Amorebieta y un tercero, en Álava. Todas las instituciones vascas implicadas negaron tajantemente estas acusaciones. Y, finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria archivó las actuaciones.