La Diputación de Guipúzcoa ha reiterado su “compromiso con la promoción de la igualdad de mujeres y hombres” en este territorio y el desarrollo de “políticas que favorezcan la participación” femenina en “condiciones de igualdad en el ámbito laboral, económico, cultural, social y político”.

Este propósito está recogido en una declaración institucional que el Consejo de Diputados ha aprobado hoy con motivo de la celebración mañana del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

En este documento, la institución foral expresa “su firme rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, ya sea verbal, física o sexual, que se produzca en el contexto familiar o en el espacio público, tanto en el marco de la pareja o la ex pareja, como en el contexto laboral”, de las relaciones entre personas o en el “festivo”.

Se compromete además a desarrollar “acciones de sensibilización” y a poner en marcha “medidas para favorecer la corresponsabilidad de los hombres en el ámbito doméstico y en el cuidado de las personas”.

La Diputación se ha adherido además a la campaña puesta en marcha por EUDEL y Emakunde en contra de la violencia hacia las mujeres “Sin miedo”, cuyo logotipo, un círculo violeta, ha sido colgado en la fachada del palacio foral.

También el Ayuntamiento de Errenteria (Guipúzcoa) y el grupo de concejales socialistas de Arrasate (Guipúzcoa) han hecho públicas sendas declaraciones contra la violencia de género.

Por su parte, Aralar ha reclamado “la implicación de toda la sociedad para erradicar la violencia machista”, al tiempo que ha reclamado la reforma del Código Penal para que “se endurezcan las penas a todas aquellas personas que maten mujeres”, mientras que SOS-Racismo ha denunciado que las mujeres inmigrantes “están dramáticamente sobreexpuestas” a la violencia machista.

Esta organización se ha mostrado especialmente preocupada por la “vulnerabilidad de las mujeres extranjeras en situación irregular” víctimas de este tipo de agresiones, ya que “están sometidas a una doble violencia” la de sus agresores y la “discriminación a las que se ven abocadas por la legislación”