donostia. El convulso capítulo que rodea al centro de menores extranjeros de Deba no está cerrado. El ararteko, Iñigo Lamarca, reveló ayer que sigue recibiendo quejas relacionas con este servicio, que se abrió en febrero para atender a los inmigrantes con conductas más problemáticas y que no ha dejado de ser objeto de controversia en los últimos meses.

Lamarca compareció en las Juntas Generales para explicar el contenido del informe sobre el funcionamiento de este centro, una resolución cuyo contenido ya hizo público, y que recogía numerosas deficiencias. Con la resolución dictada el pasado 14 de septiembre, según reveló ayer, no se va a dar carpetazo al seguimiento que están realizando, y adelantó que en el futuro habrá nuevas resoluciones. “Seguimos trabajando muy de cerca en ello, porque hay diferentes quejas, tanto de educadores como de vecinos”, afirmó.

Este informe, emitido en respuesta a una denuncia de SOS Racismo, supuso un varapalo al modelo de atención de la Diputación dirigido a los menores extranjeros que presentan graves problemas de conducta. “Ni se les escucha, ni cuentan con un programa formativo”, señalaba la resolución, además de denunciar una serie de ceses de tutela de los menores que, según el ararteko, no encontraban acomodo en la ley.

La Diputación no tardó en dar respuesta, y ya adelantó hace unas semanas que el centro Oilur de Deba inicia a partir de ahora una nueva fase “educativa”, algo que entraba dentro de los planes del Ejecutivo pero que hasta ahora no había podido materializar. El ararteko se mostró ayer interesado en conocer de primera mano este nuevo giro, y tiene en la agenda una entrevista con la diputada de Política Social, Maite Etxaniz.

un informe “riguroso” A la espera de este encuentro, el Defensor del Pueblo en el País Vasco ratificó ayer el contenido de su informe, que llegó a calificarlo de “riguroso y veraz”. “Somos conscientes de que la Diputación no está de acuerdo con nuestro planteamiento, por eso estamos pendientes de la reunión, para conocer el cambio de criterio anunciado”, incidió.

En respuesta a una interpelación de Luis Maria Ormaetxea (Hamaikabat), que le preguntó en qué se basaba para denunciar que había ceses de tutela en Gipuzkoa al margen de la ley, Larmarca reveló que la mitad de los usuarios que han pasado por Oilur “se ha quedado sin tutela”. “La coordinación no funciona debidamente, porque el elemento más básico es el intercambio de información entre las instituciones”, algo que, lamentó, hasta ahora no se ha dado.

Lamarca apeló a la prudencia respecto a las nuevas investigaciones que han abierto y, aunque reconoció estar haciendo en esta materia “un seguimiento casi permanente”, confesó que la situación que desvela su informe se remonta a agosto.

reacciones Ésa es precisamente la crítica que le dirigió el juntero de Hamaikabat. “Nos ha mostrado una fotografía estanca, y eso está superado”, le espetó Ormaetxea, que echo en falta la relación de menores de este centro que han dado el salto a otros servicios por su extraordinario cambio de actitud. En el mismo sentido se expresó el PNV, al recalcar que “siete chavales ya han superado su conducta disruptiva”.

La intervención más dura de la sesión la protagonizó la juntera del PP Mariasun Guerra, que echó de menos en la intervención de Lamarca una mayor mención a los “deberes que también” tienen los menores. “Da la sensación de que hacen lo que les da la gana, que campan a sus anchas, y por eso es necesario ponerles un límite”, aseveró. La juntera fue incluso más allá y aseguró que mientras se da una acogida a estos chavales, “hay ciudadanos que se sienten pisoteados”.

Para Rebeka Ubera (Aralar), la resolución emitida por el Ararteko resulta “muy esclarecedora” y calificó como “relevante” que la Fiscalía de menores haya hecho suyo su contenido.

La portavoz de EB, Arantza González, recalcó en relación a la controversia suscitada por el funcionamiento del centro de Deba que “no se trata de un problema de recursos sino de enfoque”. En este sentido, dijo que “se ha empezado la casa por el tejado”.