Las ONG Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo y SOS Racismo presentaron ayer un informe en el que se denuncian todo tipo de “irregularidades” y “violaciones de derechos” acaecidas el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche, una instalación que si bien no tiene régimen carcelario “tiene un marcado carácter penitenciario”.

El trabajo, elaborado a partir del testimonio de 40 internos y ex internos del centro, acusa “la indignidad del sistema impuesto contra las personas migrantes que no se encuentran en una situación administrativa regularizada” y denuncia “que no sólo es que no interese lo que está sucediendo sino que desde la clase política se está amparando esta situación de impunidad”.

Entre otras “irregularidades”, el informe, titulado “Voces desde y contra los CIE” señala que los inmigrantes son trasladados a Aluche “sin asistencia letrada o judicial que garantice una tutela mínima de sus derechos” y sus expedientes de expulsión “se resuelven rápida y someramente sin en análisis en profundidad que requieren”.

Según las ONG, es también “notoria la deficiencia en la defensa de las personas recluidas”, entre otros motivos por la “ausencia de intérpretes” en el CIE y la “inexistencia de vías para presentar quejas o denuncias” ya que, aseguran, el único modo de reclamar es acudir al director o al jefe de seguridad del centro “con las consecuentes dificultades de objetividad e imparcialidad”.

Hacinamiento

“Cada persona que ha sido retenida en el CIE de Aluche nos cuenta cómo fue vivir en celdas, en condiciones de hacinamiento, con personas durmiendo en el suelo, encerrados de doce de la noche a ocho de la mañana sin poder salir siquiera para ir al baño, bajo la custodia de las cámaras, con una limpieza deficiente cuando no inexistente y con unas instalaciones y una asistencia sanitaria insuficiente para la población recluída”, denuncian.

El informe asegura que dentro del CIE está prohibido el contacto entre hombres y mujeres aunque estén casados; no cuenta con módulos familiares, por lo que los internos con hijos pequeños no pueden tenerlos consigo; las visitas que reciben son “de escasa y arbitraria duración” con el contacto físico prohibido y “los mecanismos de comunicación son cuestionables” porque el centro cuenta “apenas” con seis teléfonos públicos para sus 300 ocupantes.

Para las ONG “gran parte de las conductas detectadas” en estas instalaciones podrían calificarse de “torturas”.