donostia. Se trata de una demanda que viene de lejos, pero no puede demorarse demasiado en el tiempo. El incesante incremento de menores extranjeros no acompañados que recalan en Gipuzkoa ha puesto contra las cuerdas el sistema de atención dirigido al eslabón más débil. La Diputación entiende que el cambio para mejorar el modelo se asienta sobre tres patas, entre las que se encuentran el establecimiento de cupos, la modificación normativa respecto a la tutela de los menores y las medidas de reagrupamiento familiar en el país de origen para los casos que sea necesario.

Estas mismas propuestas, compartidas por las diputaciones de Álava y Bizkaia, fueron trasladadas ayer por el Ejecutivo foral en Madrid, en el transcurso de la Comisión Interautonómica en materia de Infancia, en la que se abordó el estudio de la situación actual y la puesta en marcha de líneas de trabajo en esta materia.

equilibrio y solidaridad El director General de Infancia y Juventud del Departamento foral de Política Social, Josi Insausti, estuvo presente en la reunión en representación del territorio guipuzcoano. “Es preciso poner en marcha actuaciones que además de tener carácter general, todos respetemos con criterios de equilibrio y solidaridad”, expresó.

Las tres diputaciones vascas plantearon también la necesidad de aclarar los requisitos y las condiciones necesarias para llevar a cabo el cese de tutela de los menores extranjeros.

Se trata de una cuestión que ha despertado muchas críticas y recelos en el territorio en los últimos tiempos. El Ararteko, sin ir más lejos, ha cuestionado en un informe reciente el sistema empleado por la Diputación, a la que de algún modo responsabiliza de abandonar “a su suerte” a algunos menores, amparándose en que así lo habían expresado los propios inmigrantes .

La Diputación de Gipuzkoa aprovechó la reunión en Madrid para pedir un acuerdo en torno a los criterios que deben emplearse.

En este sentido, preguntó sobre la vigencia del acuerdo estatal adoptado el 17 de abril de 2007 que señala que “más allá de la obligatoria denuncia de fuga se debería comunicar, por oficio, a los 30 días de la fuga el cese de la medida de protección”.

La Diputación exigió una aclaración ya que su modo de actuación hasta ahora se ha ceñido a este acuerdo estatal, vigente por el momento. Insausti también planteó la necesidad de que se haga efectiva la reagrupación familiar.