La crisis ha doblado el número de solicitudes de renta básica, 7.804 tramitadas entre enero y septiembre, un 50% más que en el mismo periodo de 2008 (3.797), y multiplicado el gasto para las arcas públicas, superando ya los 18,5 millones de euros (diez más que el año pasado en ese mismo periodo). En septiembre había 2.992 hogares navarros que percibían esta ayuda.
Así lo explicó ayer en el Parlamento la consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, en una comparecencia a petición propia.

No sólo se trata de inmigrantes (56,7%) y de minorías étnicas (15,8%), sino de población autóctona (27,50%) que se ha visto obligada a solicitar esta ayuda básica para sobrevivir al perder su empleo o verse ahogada por las deudas a causa de la actual crisis. Un 46% de los hogares perceptores, además, tienen menores a cargo, y los solicitantes tienen en su mayoría (73,5%) menos de 46 años.

Otro dato es que sólo un 37% tenía algún tipo de ingreso (subsidio de desempleo, empleo doméstico, recogida de chatarra y cartón, etc.), aunque insuficiente. La consejera recordó también que la renta básica navarra es “la más alta de España”, 561,60 euros para una persona (90% del salario mínimo) y hasta 936 para hogares con seis o más, y en 2010 dicho porcentaje será del 100%.

Hay que tener en cuenta que en todo el 2008 se tramitaron 5.799 solicitudes – un 38% más que en 2007 – y se concedieron ayudas a 3.100 hogares, con un gasto ejecutado de 10 millones.

Para necesidades básicas

García Malo recordó que la renta básica es una “ayuda complementaria” para cubrir necesidades básicas de hogares que carecen de recursos suficientes y es un “derecho”, “garantizado” en la Cartera foral de Servicios Sociales, sin límites presupuestarios.

Para acceder a ella hay que tener entre 25 y 65 años – o menos de 25 con cargas familiares – , llevar al menos un año residiendo en Navarra y no tener ingresos o tenerlos por debajo de la renta básica. La consejera admitió que el incremento de solicitudes ha producido “cierto retraso” en la tramitación – 13 días de media, según dijo – . Añadió que, para poder conjugar “el rigor” en la concesión y evitar fraudes con la “necesidad de agilizar” las ayudas por ser hogares vulnerables, se han tomado varias medidas.

Una es la firma de un convenio de colaboración con Cáritas para que ésta adelantase la cuantía en casos urgentes. Entre enero y septiembre han sido 600 casos. También se ha elaborado una tramitación más simple, ya en vigor, para personas y hogares que se encuentran en riesgo de exclusión sólo de forma coyuntural.

En otra línea, García Malo anunció que, aunque ya se hace todos los años, en 2010 se va incidir más todavía en la inspección de estas ayudas para comprobar que su utilización sea la que corresponde, que no haya fraudes y que no sea un “freno” para buscar trabajo. En este sentido, insistió en considerar que “no hay nada más integrador que el empleo”.

Por ello, destacó la puesta en marcha de medidas especiales salidas del Grupo de Trabajo Social ante la Crisis creado en febrero, como una convocatoria especial de Empleo Social financiando a entidades locales y sociales, que ya ha logrado la contratación de 278 personas para seis meses.

Tanto Conchi Mateo (UPN) como Javier Monzón (PSN) coincidieron con la consejera en señalar la “mejor situación” de Navarra – menos paro… – así como el efecto de la “estabilidad” institucional por el acuerdo presupustario entre ambos partidos.

Por contra, Joseba Eceolaza (NaBai) reclamó “reforzar” con personal y dinero a los servicios sociales para que puedan atender la demanda y evitar retrasos. De hecho, planteó una moción instando al Gobierno a realizar un estudio, rechazada por UPN y PSN (CDN e IU no estaban), por considerar que ya se está trabajando, entre otros con el Plan Estratégico de Servicios Sociales.