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La solución a largo plazo de la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos requiere de manera urgente de una reforma en la materia en ese país, pero también implica que en México exista un desarrollo económico que requiere, entre otros factores, de cambios legislativos en los ámbitos fiscal y energético.

Éste es el diagnóstico que presentó el viernes en Washington el Grupo de Trabajo Binacional sobre la Frontera, integrado por 30 especialistas y ex funcionarios de ambos países, a través del documento Una nueva visión de la frontera México – Estados Unidos: soluciones conjuntas a problemas comunes.

En su elaboración participaron importantes personajes como los ex embajadores norteamericanos Tony O. Garza y Jeffrey Davidow; el ex procurador de Nuevo México John J. Kelly y la ex Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense, Doris Meissner.

Por la parte mexicana colaboraron, entre otros, el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle; el ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño; el ex secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana y el ex subsecretario de la Cancillería, Javier Treviño.

Las propuestas

El documento elaborado destaca que la mayor parte de los miembros estadounidenses del Grupo de Trabajo apoyarían una propuesta de reforma que incluya cuatro elementos clave: controles fronterizos eficaces; medios para que los empleadores cumplan con las prohibiciones de contratar trabajadores no autorizados, así como sanciones estrictas para aquellos que no las cumplan; regularización de los indocumentados que viven actualmente en los Estados Unidos y un plan que considere los flujos migratorios futuros.

Las medidas propuestas se deben adoptar en un plazo máximo de tres años y, en contraparte, una vez que las reformas estén en vigor, México deberá evitar activamente la migración no autorizada hacia el norte.

Además de que la mayoría de los miembros mexicanos del Grupo de Trabajo cree que un crecimiento rápido en México necesitaría: una reforma fiscal para aumentar la recaudación tributaria federal; poner fin a los monopolios para crear competencia económica en los sectores que actualmente están dominados por una o dos empresas; una reforma energética para permitir mayor inversión privada en este sector; así como reformas en el ámbito laboral y educativo.

Su diagnóstico considera que en este fenómeno la gran mayoría son migrantes económicos en busca de trabajo, lo que es un factor de irritación constante en la relación bilateral, por lo que las soluciones de largo plazo requieren no sólo de una reforma migratoria integral en el vecino país, también un desarrollo económico amplio y sostenido en México.

Propusieron así que ambos gobiernos desarrollen en conjunto un programa para manejar los flujos migratorios futuros, temporales y permanentes, que tome en cuenta las realidades demográficas y del mercado laboral en ambos países.

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