Honorarios. Los abogados del turno de oficio no cobran desde enero. Les deben 27 millones de euros. La Comunidad justifica el retraso porque la factura ha crecido notablemente Los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid no sólo prestan asistencia jurídica gratis, también trabajan por el mismo precio. En lo que va de año no han recibido ni un solo céntimo de los más de 27 millones de euros que aseguran les adeuda ya el Ejecutivo regional.

Los únicos que han conseguido cobrar ha sido mediante el sistema confirming, un servicio financiero que ofrecen bancos y cajas por el que adelantan el dinero que le deben a sus clientes, en este caso una Administración pública, a cambio de una comisión. Pero entre los letrados se ha instalado la sospecha de que incluso el grifo de esta suerte de aval se va a secar inminentemente porque la banca ya no se fía de que le llegue el presupuesto regional.

A Santiago Luengo, especialista en Penal y Extranjería, la Consejería de Justicia le adeuda alrededor de 15.000 euros por defender a los ciudadanos sin recursos desde enero hasta hoy. «Menos mal que tengo clientes particulares, pero los compañeros que viven sólo del turno de oficio están pensando cerrar el despacho», apunta con un tono de voz entre el enfado y la impotencia.

Con los ojos brillantes, Isabel Jenny Tello, una abogada peruana que lleva 17 años ejerciendo en España, relata que lleva meses esperando a percibir un sueldo que no es ni mileurista (unos 2.500 euros por trimestre): «Tenemos unos honorarios infames, 150 euros por caso, no los 10.000 que cobran los privados, y encima nos engañan con los pagos con el pretexto de la crisis económica».

Todos los togados que ayer se concentraron a las puertas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam) llegaban con una cantinela parecida. La de María García, que desde el 1 de enero su partida de ingresos tiene un vacío de 6.000 euros porque las arcas regionales no se han abierto este año. La de su compañera de protesta, que arrastra otro boquete similar en su economía doméstica…

Caos en el pago

En Madrid hay 4.500 letrados para ayudar a las personas que tienen que sentarse en un banquillo y no pueden costearse su defensa. Muchos de los veteranos del turno de oficio se quejan de que antes cobraban trimestralmente, que después la secuencia de pago se espació a seis meses y que el caos se ha instalado desde que se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas.

La Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem) calculan que hasta el 14 de septiembre la Comunidad de Madrid debía sólo en intereses de demora 1,9 millones de euros más a estos profesionales. El Icam ha reclamado judicialmente el pago de las cantidades pendientes.

Elena García Cazorla era de las pocas en esa reunión matutina que podía decir que había cobrado, aunque no de la Consejería de Justicia, sino de su banco: los 8.000 euros que ganó asistiendo a personas sin posibilidades económicas se le han quedado en 7.900 tras pagar el peaje del confirming.

La Consejería de Justicia reconoce que tiene unos números rojos con el turno de oficio de 27 millones de euros pero dice que su «compromiso es pagar este año». En el departamento de Francisco Granados justifican el retraso porque la partida de la justicia gratuita se ha incrementado de 30 millones de euros a alrededor de 50 en los últimos años.

Además, sugieren que algunos abogados cometen abusos «recurriendo procedimientos hasta el infinito» y que hay que «habilitar una fórmula para regular todas las arbitrariedades». «Lo que tampoco puede ser es que, como nos ocurrió el año pasado, al hermano de Bin Laden se le tenga que asignar un abogado de oficio», concluyen las mismas fuentes.

Los letrados tampoco cobraron puntualmente el año pasado los honorarios por el desempeño de su servicio público. Después de varias acciones de protesta, la Consejería de Justicia les abonó de golpe a principios de este ejercicio el sueldo correspondiente al segundo, tercer y cuatro trimestre del anterior.

«El paso del tiempo ha constatado que ese pago no respondía a la voluntad de atender las justas reivindicaciones que se estaban planteando, sino que era una maniobra tendente a paralizar las movilizaciones», según los representantes de los trabajadores.

Restringir el derecho

Además del asunto del sueldo, los abogados del turno de oficio recriminan a la Comunidad de Madrid que quiera restringir el derecho a la asistencia jurídica gratuita, principalmente al colectivo extranjero. Con documentos oficiales algunos justificaban ayer que se están denegando tutelas judiciales al reclamar, por ejemplo, a los indigentes que justifiquen cuál es su domicilio habitual o a inmigrantes sin papeles que presenten un informe de vida laboral.

También aseguran que tienen «sospechas fundadas sobre la pretensión por parte de la Comunidad de privatizar el turno de oficio». La Consejería de Justicia rechaza esta acusación y asegura que el derecho a la asistencia jurídica gratuita «está garantizado».

Lo único que ha pasado a manos de bufetes de abogados privados, apuntan en la Comunidad, es la formación jurídica a los inmigrantes que están en trámites de conseguir la nacionalidad española.

>María García. La Comunidad de Madrid le adeuda unos 6.000 euros desde enero. Además ha tenido que costearse el transporte, el material de oficina…

>Isabel Jenny Tello. Cobra alrededor de 2.500 euros trimestrales por defender de oficio causas de Laboral, Contencioso Administrativo y Extranjería.

>Santiago Luengo. En lo que va de año ha asistido a ciudadanos sin recursos, acumulando una factura de 15.000 euros de los que aún no ha visto un céntimo.

LA COMUNIDAD LES DA CON LA PUERTA EN LAS NARICES

A medio centenar de abogados del turno de oficio la Consejería de Justicia les dio ayer con la puerta en las narices. Literal. Se personaron en la oficina de Gran Vía 18 con intención de entregar a título personal un escrito de queja sobre la degradación de sus condiciones laborales y al verlos llegar los bedeles echaron el pestillo. Unos minutos después llegó la explicación, o algo que pretendía ser parecido, en forma de folio con la tinta fresca: «Este edificio permanecerá cerrado a partir de las 12.35». Tal cual. Fuentes de Justicia han explicado que se decretó el cierre para evitar que los letrados se atrincheraran en el inmueble.