El Gobierno vasco revisará «de oficio» el año próximo los expedientes de las 58.000 personas que cobrarán la renta de garantía de ingresos (antigua renta básica contra la exclusión social), un tercio de las cuales también percibirá el nuevo complemento de vivienda. Así lo anunció ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien explicó que se trata de ajustar cada una de las prestaciones a los nuevos requisitos de acceso introducidos por la Ley de Garantía de Ingresos. «No seremos restrictivos, pero sí rigurosos», indicó Zabaleta, quien recalcó que «no se puede dar cobertura a quienes no la necesitan».

La titular de Asuntos Sociales acudió ayer al Parlamento vasco para detallar los presupuestos de su departamento en 2010. El Gobierno vasco aumenta la partida de subsidios sociales hasta 345 millones de euros (un 16% más) y los gestionará en dos fases. En principio, quienes ingresan en la actualidad la renta básica (640 euros mensuales) verán renovada su prestación el año próximo y lo mismo les ocurrirá a quienes pagan hoy el alquiler con las ayudas de emergencia social (AES). No obstante, en este segundo caso el dinero público dejará de sacarse de las AES y a partir del 1 de enero saldrá de la partida del complemento de vivienda.

Concluida esa etapa de ‘transición’, el Gobierno vasco, en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones, examinará uno por uno los subsidios vigentes y los mantendrá como estén o los corregirá, según corresponda, teniendo en cuenta los cambios contemplados en Ley de Garantía de Ingresos. Según explicó Zabaleta, esa revisión general se prolongará seis meses como mínimo, y su objetivo será «conocer la realidad de los perceptores», quienes no podrán cobrar la renta básica durante más de dos años y se comprometerán a seguir cursos de inserción laboral.

La suma total de ese subsidio y el complemento de vivienda oscilará entre 890 euros mensuales para una persona sola y 1.230 para unidades de convivencia de tres o más miembros. Para cubrir ese gasto, el Gobierno vasco ha creado una partida ampliable por encima de lo presupuestado inicialmente, puesto que está obligado a conceder las prestaciones a todos los ciudadanos que tengan legalmente derecho a ellas, sea cual fuere su número.

Diecinueve normativas

Paralelamente, el Departamento Asuntos Sociales ha introducido recortes económicos en las direcciones de Inmigración ( – 31,7% y Drogodependencias ( – 27,9%). Ese importante retroceso se debe a la «reordenación» general que experimentarán las subvenciones concedidas a varios cientos de entidades públicas y privadas para ejecutar diferentes programas. Con el anterior Gobierno tripartito estaban dispersas entre dos consejerías y cinco direcciones, pero ahora se agruparán en el área de Zabaleta. En conjunto suman unas 1.800 subvenciones, administradas a través de diecinueve normativas distintas. Una parte de ese dinero se ha concedido a sociedades o asociaciones sin ningún concurso público.

El Ejecutivo de Patxi López concentrará todas las normas en dos, una para organismos públicos (de carácter municipal) y otra para los privados. Además, introducirá criterios de concurrencia – analizará varios candidatos – antes de entregar el dinero a una asociación. En conjunto, repartirá 18 millones de euros en las áreas de Inmigración, Drogodependencias, Familia y Servicios Sociales. El Gobierno vasco también se hará cargo directamente de los puntos de encuentro para padres separados, el servicio de mediación familiar y la teleasistencia para personas dependientes.


j.munoz@diario – elcorreo.com