La Xunta insiste en que la salud del menor, que sigue oculto, corre «grave riesgo» Orense

La Fiscalía interpuso ayer una querella contra los padres del niño de Orense con obesidad mórbida por un delito de desobediencia y de sustracción de menores. La familia oculta al menor en un lugar desconocido desde que la Xunta ordenase su ingreso en un centro de protección ante el reiterado incumplimiento de los planes ordenados para que pierda peso, como someterle a una dieta de verduras cocidas o a una tabla de ejercicio físico. El pequeño tiene nueve años y pesa 70 kilos, pero cuando tenía cinco alcanzó los 86 y sufrió un cuadro de insuficiencia respiratoria grave.

La decisión del Servicio de Menores fue ratificada mediante un auto del juez de Familia del 29 de octubre que rechaza la solicitud de los padres de que se suspenda la retirada de la tutela. La pareja, de etnia gitana, se resiste a cumplir la resolución judicial, y el martes insistió en afirmar que no entregará «de momento» al niño, que ni siquiera acude al colegio para que no pueda ser localizado. La Policía mantiene la búsqueda.

En la misma línea de lo manifestado por el juez de Familia en un comunicado la noche del martes, la Xunta subrayó ayer que decidió asumir la tutela del niño por «el grave riesgo que existe para su salud», y que esa resolución no responde «a una mera cuestión de estética». «Se está hablando de una tutela, en toda caso reversible y temporal, y que no significa la ruptura de la relación familiar, dado que sus progenitores podrán visitarlo en el centro», aclaró.

Además, la administración autonómica aseguró que dio traslado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Orense de la «imposibilidad de ejecutar la tutela».

El fiscal jefe de Orense, Florentino Delgado, dijo que la interposición de esta querella criminal – tras una valoración «meditada y pausada» – «tiene que ver con que todos están bajo el imperio de la ley» y la Fiscalía «no está dispuesta a que se desoiga la resolución de la administración».

En este sentido, afirmó que cuando los padres del niño se niegan a cumplirla están «tomándose la justicia por su mano» y «atacando el principio democrático de que nadie está por encima de las leyes». «Como nadie está por encima de las leyes, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de interponer una querella», justificó.

Para el fiscal jefe, la «inactividad de los padres» del niño motivó que la situación del menor fuese «agravándose», puesto que la Xunta de Galicia detectó que «no se iba a mejor» y fue «dando toques de atención a los padres para que colaboraran con la administración».

De este modo, comentó que el sentido último de las resoluciones administrativas en este caso se centra en «tener» la custodia del pequeño «el tiempo necesario» para poder «evaluar bien el problema y darle la solución», mientras que «se ha querido dar a entender que lo que quiere la administración es retirar a un hijo de sus padres».

«Desde el ámbito familiar nos dicen que el niño está bien y, si lo está después de una evaluación, volverá a su ámbito familiar que es donde debe estar, pero no se debe creer todo lo que se nos diga desde el ámbito familiar», sostuvo.

Con la interposición de esta querella criminal los padres del niño obeso se enfrentan a una pena inferior a dos años de prisión y, por lo tanto, no tendrían que ingresar en la cárcel. El fiscal jefe aclaró que no ha pedido su arresto.