La Audiencia Nacional ha comenzado hoy a juzgar a doce presuntos miembros de la mafia ruso-georgiana instalada en España detenidos en la “operación Avispa”, para quienes el fiscal Anticorrupción pide penas de entre 3 y 12 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En la primera sesión del juicio, el representante del Ministerio Público y las defensas han leído sus escritos de acusación y han planteado las cuestiones previas, si bien no ha dado tiempo a todas las partes y continuarán mañana para que el tribunal pueda resolverlas antes de comenzar a juzgar a los doce acusados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el máximo responsable del grupo, Zakhar Kniazevich Kalashov, 12 años y 2 meses de cárcel y una multa que supera los 32 millones de euros.

Para los acusados Oleg Vorontsov y Konstantin Asatiani reclama 9 años y 3 meses de cárcel para cada uno y para el segundo una multa de 18 millones de euros, que también solicita para Mikhail Mdinaradze, para quien pide además 7 años y 9 meses de prisión.

Entre los doce acusados hay cuatro españoles: Carlos Antonio Fernández Asensio (7 años y 4 meses de cárcel), µngel Blanco Yáñez (6 años), María Flor Casado Macarrón (6 años) y Juan Manuel Cantarero Martínez (5 años y un mes y más de 15 millones de euros de multa).

Para Alexander Gofshtein reclama 7 años y 3 meses; 4 años y 10 meses para Alexander Minin y Natalia Serova, y 3 años y 10 meses para Olena Gotsulenko.

Anticorrupción sostiene que Kalashov es un “ladrón en la Ley”, elegido en un consejo de jerarcas supremos del crimen organizado ruso a escala nacional cuyo “código de honor” le obliga a “dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal”, y subraya que los hechos imputados en esta causa se desarrollan desde 2003 hasta noviembre de 2006.

“El origen de la totalidad del dinero a disposición de Kalashov, así como por sus contactos más próximos, proviene de las actividades delictivas que ejecutan las personas subordinadas a él, incluyendo el tráfico de drogas, de armas, la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica”, sostiene el fiscal.

Además, apunta que controla “directamente” los casinos más famosos de Moscú a través de los cuales “realizan actos de afloración del dinero obtenido de sus actividades delictivas”.

“Al servicio de los intereses económicos” del jefe de la organización, añade el fiscal, había en España desde, al menos, 2003, varias personas que realizaban diferentes actos de conversión del dinero procedente de las actividades delictivas, lo que hacían a través de la adquisición de bienes inmuebles.

Para ello, los subordinados “crearon una estructura personal en España que, a su vez, utilizó varias mercantiles para conseguir tanto dar opacidad a sus actos como el beneficio y bienestar de Kalashov”.

El fiscal sostiene que a través de estas sociedades mercantiles la organización habría invertido importantes cantidades de dinero en inmuebles localizados por todo el territorio español, entre los que destacan viviendas y construcciones en Alicante y Málaga.