«Salí de casa, como todos los días, y fui al taller. Yo no sabía nada, y cuatro policías vinieron a buscarme, me retorcieron el brazo, me empujaron contra la pared y me insultaron. Lo pasé muy muy mal. Me llevaron a Barajas y de ahí a Tánger». Bilal el Meghraui reconoce que, aunque han pasado tres años, cuando piensa en ese día «me pongo triste y pierdo las ganas de comer».
Bilal ya no es menor de edad. Según explica por teléfono desde su nueva casa en Colmenar Viejo, cumplirá 21 años el día de Navidad. Pero cuando llegó a España por primera vez era un adolescente de 16 años. Tras pasar ocho meses en un piso de Mensajeros por la Paz, la Policía lo detuvo en el taller donde estudiaba carpintería de aluminio y lo envió de vuelta a Marruecos. Ahora, un tribunal de la Comunidad de Madrid ha anulado la sentencia de su repatriación, que se hizo sin garantías y sin respetar los preceptos legales, así que ha podido volver a la Península.
El caso de Bilal es excepcional, primero y único por ahora. Sin embargo, pone de manifiesto la situación de muchos menores inmigrantes no acompañados en España, donde el conflicto entre la protección a la infancia y la lucha contra la inmigración clandestina se ha convertido en un reto difícil de solventar.
Varios sucesos ocurridos durante el último mes han desatado la alarma social sobre la «invasión» de los menores extranjeros, la supuesta saturación de los centros de acogida y el «efecto llamada» de sentencias como la de Bilal. Y han vuelto a poner a los adolescentes en el ojo del huracán, criminalizándoles por una situación de la que, según los organismos de protección de la infancia, sólo son víctimas.
El 15 de septiembre, una patera de juguete una pequeña balsa hinchable de remos era avistada frente a las costas de Tarifa con seis menores a bordo. Ningún adulto les acompañaba en la peligrosa travesía, que obtuvo una enorme atención mediática. Los niños tuvieron ‘suerte’, no se ahogaron como otros en las frías aguas del Estrecho. Pasaron automáticamente a la tutela de la Junta de Andalucía, la región que acoge a más muchachos en estas circunstancias.
Poco después, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciaba en Marruecos la construcción de doce centros de menores en el norte del país magrebí. Esos establecimientos se sumarán a otros dos que los gobiernos español y el marroquí inaugurarán a finales de este mes en las ciudades de Tánger y Beni Mellal para albergar a repatriados, tal y como reconoció la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
Alarma injustificada
Para un buen número de expertos que trabajan con menores no acompañados, la alarma es injustificada. «Desde el punto de vista cuantitativo, no hay una correspondencia entre el número de chicos que entran en España y la alarma que despiertan», asegura Mercedes Jiménez, antropóloga social del colectivo Al Jaima, que atiende a adolescentes en Tánger. Para empezar, oficialmente no se sabe el número de niños solos en situación irregular ni cuántos de ellos están acogidos en centros. Según el informe ‘Ni ilegales ni invisibles’, publicado por Unicef, la Policía, las comunidades autónomas y la Fiscalía de Extranjería ofrecen cifras diferentes; algunas fuentes cifran en 5.000 los ingresos durante 2008, pero es un número difícil de comprobar.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se queja de que las estimaciones oscilan «entre 2.000 y 8.000 menores». A su modo de ver, sin una información fidedigna no se puede «abordar la cuestión de forma seria».
A pesar de las dificultades para cuantificarlos, Unicef calcula que en 2007 Andalucía acogía al 23% de los menores no acompañados que entran España, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 22%, Canarias (12%) y País Vasco (11%). La gran mayoría procedía de Marruecos (68%), aunque desde 2006 el flujo de los países del África subsahariana ha aumentado espectacularmente.
Gran parte del problema se debe a que las competencias en esta materia están repartidas entre varias administraciones. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor es de carácter estatal, pero la última palabra la tienen las comunidades autónomas, que asumen la tutela de los niños y gestionan los centros de acogida. También incide en esta cuestión la Ley Orgánica de Extranjería, que menciona a los menores en el texto, pero lo hace sin sistematización, lo que lleva muchas veces a errores en su aplicación.
«Los menores son los inmigrantes más incómodos, porque requieren un tratamiento diferente», asegura la antropóloga Mercedes Jiménez, que investiga en Marruecos, desde hace 13 años, las causas de la inmigración infantil. «La lógica que se sigue en España con la inmigración ilegal es la expulsión explica. Sin embargo, con los menores la Administración no puede hacerlo tan fácilmente».
Demanda sexual
Las repatriaciones y reagrupaciones familiares, sin embargo, se iniciaron en 2000 y alcanzaron su punto álgido en 2006, cuando fueron repatriados 111 menores. España ha firmado convenios de devolución con Marruecos y Senegal, aunque las ONG denuncian que cuando los chicos regresan a casa, en muchas ocasiones son tratados como adultos. Así sucede, por ejemplo, en Marruecos. «Como no hay un protocolo, se les trata de una forma u otra dependiendo de la frontera a la que lleguen. A veces pasan varios días retenidos en una comisaría o se les escribe en el pasaporte ‘expulsado’, sin tener en cuenta que son menores», denuncia Mercedes Jiménez.
Pero si es difícil cuantificar a los menores que se arriesgan a cruzar el Estrecho en busca de una vida mejor, aún más arduo es detectar a los que llegan a España en las redes de trata de blancas. Desde la asociación Caminando Fronteras, denuncian que las víctimas, en su gran mayoría chicas subsaharianas, son prácticamente invisibles para las autoridades españolas, por lo que se quedan fuera de los sistemas de protección de la infancia. «Estos menores, sobre todo las niñas, viajan a Europa para ser empleados en la prostitución», aseguran en la ONG, que ofrece asistencia en Tánger a esos colectivos. Mientras que el refuerzo de las fronteras europeas ha conseguido que el tráfico de personas descienda, no ha ocurrido lo mismo con el proxenetismo, que se ha multiplicado.
«Se ha observado un aumento importante de menores en las redes de trata», aseguran en Caminando Fronteras. «Viene dictado por el mercado europeo de explotación sexual, que cada vez demanda más niños». Si antes las chicas nigerianas venían con 20 ó 21 años, «ahora casi no pasan de 14».
Son extranjeros incómodos e invisibles, doblemente frágiles por ser menores e inmigrantes , pero niños, al fin y al cabo. Y acaban pagando el precio de la pobreza.