Llegan en busca de un trabajo, de una salida a una situación complicada o con el objetivo de reunirse con sus familiares. Pero las intenciones de muchos inmigrantes ilegales se quedan a medio camino al tener que responder ante la justicia por haber cometido algún delito y verse obligados, en ocasiones, a regresar a su país de origen. La Fiscalía Provincial de Vitoria solicitó en lo que va de año la sustitución de la condena privativa de libertad de 82 ciudadanos extranjeros ‘sin papeles’ por su expulsión.

Las peticiones han aumentado un 26% desde el pasado año – y eso que el recuento de 2009 aún no se ha cerrado – , cuando el Ministerio Público propuso esta medida en 65 casos. Sólo en los escritos redactados por la Fiscalía para los juicios que se celebrarán durante la próxima semana aparecen otros tres. Los obstáculos que se encuentran los jueces para ejecutar la condena, sin embargo, no parecen haber cambiado. «Su cumplimiento es, en gran parte, complicado. Aparecen numerosas trabas para lograr su expulsión», reconocen fuentes judiciales. En primer lugar, no todos los procesos pueden incluir la solicitud de deportación: sólo se puede exigir cuando la pena sea menor a seis años. «Si es superior, el acusado deberá ingresar en la cárcel en España», explican.

«Se niegan a admitirles»

Y en el supuesto de que no se rebase ese límite, materializar la vuelta de los imputados a su lugar de procedencia tampoco resulta sencillo. La Fiscalía ya denunció en su última memoria anual la existencia de diversos problemas, desde trámites administrativos hasta circunstancias personales, a la hora de ejecutar la orden. A veces, incluso, los propios países, sobre todo «africanos», impiden que la expulsión salga adelante pues «se niegan a admitirles».

Los extranjeros condenados tampoco se muestran siempre colaboradores. Algunos «mienten sobre su país de origen» y otros carecen de documentación, ya sea por no contar con un número de identificación fiscal, NIF, o porque el permiso de trabajo con el que llegaron ha caducado. El Tribunal Supremo recoge, además, la posibilidad de que el acusado recurra a circunstancias personales – padres, cónyuges o hijos que viven también en España – , laborales o familiares para evitar su deportación.

En todos estos casos sólo cabe una solución: el ingreso del inmigrante en una prisión española para que cumpla la condena fijada en un primer momento y evitar su fuga.