Aprobada la reforma de la Ley de Extranjería por el  Congreso de los Diputados, el Gobierno español concentrará sus esfuerzos, el próximo año, a la redacción del nuevo reglamento que desarrolle la normativa.

Un total de 185 diputados (Partido Socialista Obrero Español, Convergencia i Unió, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco)  apoyaron ayer el endurecimiento de la legislación frente a 146 parlamentarios (Partido Popular, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya) que consignaron su voto en contra y cuatro (Grupo Mixto) que se abstuvieron. El texto aún debe recibir el visto bueno del Senado.

Los nacionalistas vascos consiguieron que el Gobierno cambie uno de los puntos más polémicos, el referente al tiempo de estancia de los inmigrantes en los centros de internamiento previo a su expulsión. Si bien, el plazo se amplía de 40 a 60 días, este no podrá prorrogarse más bajo ninguna circunstancia. Se mantienen las restricciones a la reagrupación de los ascendientes no mayores de 65 años, aunque puedan existir razones humanitarias que la permitan.

Las principales críticas fueron del Partido Popular. Su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, tachó la reforma de “cosmética” y  “continuista” con los “errores de los últimos cinco años”. Se mostró contrario al mantenimiento del arraigo como vía para la obtención de un permiso de residencia luego de una estancia de tres años.

Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Hispanoecuatoriana Rumiñahui, que asistió al debate, valoró los aspectos positivos de la legislación, como el acceso inmediato al mercado de trabajo de los familiares reagrupados y la posibilidad de que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género obtengan una autorización por circunstancias excepcionales.