MADRID.— España endureció ayer su política migratoria. Los más de 400 mil inmigrantes que se calcula viven en situación irregular en este país podrán pasar hasta 60 días retenidos en centros de internamiento, mientras se tramita su expediente de expulsión a sus países de origen.

Son 20 días más de lo estipulado hasta ahora. La ampliación se deriva de que el gobierno que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero considera que el plazo de 40 días era insuficiente para tramitar las expulsiones, en especial en el caso de inmigrantes indocumentados o apátridas, algo que ocurre con algunos países africanos que no tienen un registro civil al que las autoridades españolas acudan para solicitar información.

La reforma de la Ley de Extranjería fue aprobada ayer en el pleno del Congreso de los Diputados de España y la iniciativa pasará ahora al Senado, donde deberá ser aprobada. Uno de los aspectos más polémicos durante la negociación fue que el plazo quedaría en suspenso, por tanto prorrogado, si el inmigrante pedía asilo o solicitaba el habeas corpus a un juez. Sin embargo, ese punto fue eliminado del proyecto inicial y el tope máximo serán 60 días.

La nueva ley también endurece las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes, que se limitará a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a sus padres “cuando estén a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”. Es decir, que si los padres del inmigrante son menores de 65 años y tienen recursos económicos, no podrán residir en España.

En cambio, la ley sí beneficia a los hijos de los inmigrantes reagrupados que tengan entre 16 y 18 años, a los que otorgará un permiso de trabajo para que con su sueldo puedan a ayudar a la familia.

La nueva ley también permite a las ONG y entidades privadas que asuman la tutela de menores extranjeros que no estén acompañados. Además, los inmigrantes mayores de 18 años que sean estudiantes podrán acceder a las becas para su formación educativa ya que, según la ley, “queda garantizado su derecho a acceder a las etapas educativas postobligatorias”.

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