El centro de menores de Deba dejará de ser un establecimiento de acogida excepcional dentro de un mes y su régimen será semejante al del resto de centros de estas características que la Diputación tiene repartidos por Gipuzkoa. Esta medida representa una significativa modificación en la política foral de atención a menores ya que la atención de los más conflictivos no dispondrá a partir de ahora de características diferenciadas.
La decisión encierra un reconocimiento implícito de la esterilidad de la decisión de acoger en un centro especial a los menores más conflictivos, ya que la voluntad inicial de garantizar con este agrupamiento un seguimiento más directo de la evolución de los menores acogidos ha colisionado con las dificultades de integración originadas por la conflictividad desatada por algunos de estos menores. Además, el Ararteko hizo público un informe muy crítico con el modelo de gestión del centro especializado de Deba y también la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa exigía en otro informe mejoras en el tratamiento educativo de los menores acogidos en este establecimiento.
La sociedad tiene el deber moral y la responsabilidad colectiva de preocuparse y ocuparse del problema que representa la atención y acogida de menores, sean inmigrantes o no, porque son personas que se encuentran solas, sin amparo familiar y sin la posibilidad de integrarse socialmente mediante el desempeño de una actividad profesional. El primer paso para afrontar esta situación con voluntad de contribuir a su remedio obliga a tomar conciencia individual y colectiva de su existencia y dimensión. La alternativa de internamiento en un centro específico o piso de acogida constituye un recurso adecuado para tratar de educar o reeducar a estos menores, profundamente condicionados por su fuerte desarraigo social. Sin embargo, resulta indispensable desarrollar esta tarea tratando de explorar todas las opciones complementarias posibles de reinserción social. Para ello se requiere combinar un régimen de internamiento abierto y no estrictamente carcelario con una máxima exigencia a los menores de respeto a un código de conducta alejado de cualquier tentación delictiva. El esfuerzo por integrar a estos menores en el seno de la sociedad es una responsabilidad ética y humana, que trasciende a la incomodidad social que la gestión de tan delicado problema puede llegar a comportar.