La Diputación está satisfecha con el rendimiento que viene ofreciendo el centro de Deba para menores extranjeros no acompañados con graves problemas de conducta. A finales de noviembre, este recurso entrará en una segunda fase en la que se incorporará un programa educativo, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia, y que ha sido objeto de reiteradas críticas, tanto por parte del Ararteko como de la Fiscalía o asociaciones como SOS Racismo, que entienden que se trata de un derecho del que han sido privados los menores.

El Ejecutivo foral, en el epicentro de una controversia que no ha cesado desde que se puso en marcha este centro, ha defendido siempre a capa y espada que “con chavales que no aceptan ninguna norma”, poco más se puede hacer más allá de un trabajo de contención. Los menores, claro está, escapaban en cuanto podían de este recurso, lo que ha dado paso en los últimos meses a un sinfín de episodios delictivos que han hecho crecer como la espuma la alarma social.

El debate estaba servido. ¿Dónde quedaba el programa educativo? Ahora, nueve meses después de la puesta en marcha de este servicio, la Diputación constata “un cambio sustancial” en el comportamiento de los chavales, lo que ha propiciado acometer una segunda fase “más educativa”, cuyas características detallará hoy en una comparecencia en Juntas Generales la diputada de Política Social, Maite Etxaniz.

Sobre la mesa estará también la respuesta al informe redactado por el Ararteko en relación a la función de este centro, que supuso un fuerte varapalo al modelo de gestión de la Diputación. “Ni se han respetado debidamente sus derechos, ni hay actividad formativa, ni previsión alguna”. Fueron algunas de las duras críticas vertidas por el Defensor del Pueblo en el País Vasco después de visitar el centro en dos ocasiones.

Los grupos políticos también han pedido hacerlo en los últimos meses para conocer de primera mano cómo funciona, una solicitud cuyo visto bueno, o no, también se conocerá hoy.

deficiencias La Fiscalía, que hasta ahora había mantenido silencio en relación a este tema, refleja en un informe reciente deficiencias en el modelo de atención y exige a la Diputación cambios en su sistema de trabajo.

En medio de esta polémica, el Ejecutivo foral se reafirma en su modelo de atención. Fuentes del Ejecutivo foral consultadas ayer informaron de que no ha habido paciencia suficiente a la hora de esperar los resultados del centro. “Se puso en marcha en un momento delicado, pero comienzan a verse ahora”, indicaron. De este modo, creen superada “la primera fase”, que consistía en que los chavales se adaptaran “mínimamente a la sociedad”, y una vez que han dado el paso, arranca una nueva etapa.

El alcalde de Deba, Jesus Mari Agirrezabala, confirmó ayer a este periódico que el nivel de conflictividad que se venía registrando se ha reducido de un modo significativo. “Estamos entrando en una fase menos problemática y más asumible. Estamos viviendo otra situación. Las molestias que tengo hoy como alcalde no tienen nada que ver con las que tenía hace tres meses”, aseguró el regidor.

Tanto la Diputación como el alcalde confirman que el comportamiento de los catorce menores que actualmente residen en el centro dista mucho del que fue. “Las escabechinas han quedado atrás”, insistía Agirrezabala. Tampoco parecen protagonizar estos chavales las escapadas de antaño, aunque no se sabe con certeza si es debido a un cambio de su comportamiento o a las vallas levantadas hace algún tiempo, que se lo impide. “Ya no salen tanto al exterior como lo hacían antes, y quienes lo hacen salen con sus recreos y sus planes, de un modo muy diferente al que se producía”, indicaron las mismas fuentes.

¿Una visión excesivamente idílica? El alcalde de Deba lo desmiente taxativamente. “Soy el primer interesado en decir la verdad porque si no los vecinos se me echarían encima”.

mejora Sea como fuere, desde marzo, SOS Racismo viene haciendo llegar de modo sistemático todo tipo de informes, denuncias y demandas de mejora de la situación de este centro. El informe elaborado por la Fiscalía exigiendo a la Diputación cambios en el funcionamiento es interpretado por esta asociación de un solo modo: “hace falta un cambio radical de la política de la Dirección de Infancia en esta cuestión”.

Peio Aierbe, responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia (MUGAK), consideró ayer a este periódico que el nuevo giro emprendido por la Diputación puede estar motivado precisamente por el informe elaborado por la Fiscalía, que a diferencia del remitido por al Ararteko, es ejecutivo. “Este organismo tiene potestad para obligar a la Diputación a lo que la ley le exige, es decir, que los chavales tengan acceso a la educación, un derecho que hasta ahora se estaba violando”, aseguró Aierbe.

SOS Racismo entiende que, tras la resolución del Ararteko y el nuevo informe de Fiscalía, la dirección de Infancia no puede seguir negando las evidencias. “Es preciso un cambio radical de la política seguida en el centro. Toda dilación seguirá deteriorando aún más esta situación”.