La maquinaria que concertaba los matrimonios ‘blancos’ estaba perfectamente engrasada. Contaban con un sacerdote, una falsa abogada, una supuesta gestoría, una funcionaria judicial, testigos de boda y, lo que es más importante, una importante cartera de clientes colombianos vinculados al narcotráfico con posibilidad reales de rascarse el bolsillo para regular cuanto antes su situación en España.

Tras dos años de investigación, la Policía desarticuló ayer en Madrid una red internacional dedicada a facilitar matrimonios de conveniencia que pudo gestionar más de un centenar de enlaces y por los que ingresó del orden de 1,2 millones de euros. En la operación, que sigue abierta, han sido detenidas 34 personas, entre ellas un sacerdote. Todas son de nacionalidad colombiana y española.

El entramado tenía su base de operaciones en una gestoría ubicada en el barrio madrileño de Carabanchel, donde una falsa abogada, Esliana García Vargas, conocida por el sobrenombre de ‘Claudia’, se encargaba de realizar estos casamientos, por los que cobraba entre 10.000 y 12.000 euros a sus compatriotas. Esta mujer había tejido una red de contactos que contaba con un sacerdote colombiano y funcionarios corruptos, los cuales facilitaban los registros civiles y juzgados para concretar las bodas.

Por las manos de ‘Claudia’ pudieron pasar al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el juzgado de paz de Torrelodones, en Madrid, y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas. La Policía ha llegado a investigar la actividad de once templos de Madrid dentro de la operación ‘Escarlata’. Algunos de sus párrocos, como Diego Morente, de San José Obrero, se manifestaron ayer «perplejos y sorprendidos». «Nunca había sospechado hasta ahora, siempre he pensado que las parejas venían de buena fe», dijo.

Testigos, por 200 euros

La falsa abogada se encargaba de tramitar las bodas y de buscar la pareja de conveniencia en ambientes marginales. Disponía par ello de un contacto, una gitana llamada Lola, que le proporcionaba personas de su misma etnia a quienes pagaban unos 3.000 euros por el enlace. Normalmente facilitaba personas de poblados gitanos a quienes se prometía el divorcio una vez que el inmigrante lograra la nacionalidad. Para que no faltara de nada, la supuesta abogada también se ocupaba de los testigos, a los que entregaba unos 200 euros por ceremonia.

El sacerdote detenido es igualmente de origen colombiano y oficiaba en la iglesia de San Cristóbal de Madrid. Era el segundo párroco del templo y tenía antecedentes por delitos contra la salud pública. Ha sido arrestado acusado de falsificación. De toda la trama sólo han ingresado en prisión tres imputados, ‘Claudia’ y sus dos hijos, con quienes llevaba el ‘negocio’.