Sucesos. La Policía Municipal y la Nacional arrestan a 34 personas implicadas en una red que realizaba matrimonios de conveniencia. Hasta once iglesias han sido víctimas de las estafas y se han falsificado unos 100 casamientos Todo empezó con un carné de conducir falsificado, hace casi dos años. La Policía Municipal se enteró de que había una banda que proporcionaba documentación falsa en ambientes marginales. El grupo Rutas de este Cuerpo, que suele patrullar por los poblados de la droga de Madrid, empezó a tirar del hilo. Poco después descubrieron que esta banda ofrecía a la gente casarse a cambio de dinero. Allí empezó la llamada operación Escarlata, que ha culminado la semana pasada con 34 detenidos, aunque todavía se esperan los arrestos de unas 100 personas.

Las pesquisas de la Policía Municipal se unieron a los de la Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de Extranjería y la Comisaría General de Extranjería. Los grupos de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación) llevaban ya tiempo tras la cabecilla de la trama, una colombiana llamada Isleana García Vargas, aunque en su mundillo la llamaban Claudia. Empezaron a seguirla en marzo de 2008 por un asunto de drogas en el que había demasiados colombianos con los papeles en regla.

Claudia era la jefa de la banda y su labor consistía en proporcionar parejas para matrimonios de conveniencia a colombianos que querían obtener los papeles. Se hacía pasar por abogada y tenía una gestoría en el distrito de Carabanchel. La mujer cobraba entre 10.000 y 12.000 euros a cada inmigrante por proporcionarle pareja y realizar el papeleo para que obtuviera los permisos de trabajo y residencia.

Cada pareja, que en muchos casos provenía de poblados gitanos, se llevaba unos 3.000 euros por boda. Además contaban con testigos, que cobraban 200 ó 300 euros por firmar. Total, que se calcula que Claudia ha podido sacar un millón de euros de beneficio en estos dos años.

La principal actividad de la banda consistía en falsificar documentos. Por ejemplo, certificados de convivencia para celebrar luego la boda civil.

O bien certificados de bodas religiosas para presentarlos en el Registro Civil como si la boda ya se hubiese celebrado. Esa modalidad era más barata para la banda, porque no necesitaba a los testigos, y tampoco había que montar un paripé para casarse en el Registro.

Durante la investigación, los funcionarios del Registro Civil han proporcionado muchos documentos a la Policía. Los que eran de carácter eclesiástico estaban falsificados, pero eso se comprobó yendo a las iglesias. En total se habló con los párrocos de 11 templos, que afirmaron que ellos no habían celebrado tales bodas.

La banda conseguía certificados de las iglesias y por lo general los escaneaba y después cambiaba los nombres de los contrayentes. Son documentos bastante fáciles de falsificar. Hasta ahora se han descubierto 22 de estas trampas, pero podrían ser más. Las iglesias fueron víctimas de la banda, y los párrocos no sabían nada, ya que las bodas jamás se celebraron. Uno de los detenidos es un cura colombiano, pero se debió a una pista falsa que hizo pensar a los investigadores que éste era el contacto de la trama en las iglesias. Fue puesto en libertad poco después.

La modalidad de bodas civiles ha dado más resultados. Hasta ahora se han descubierto 56 enlaces de mentira. La cabecilla Claudia incluso daba clases a los contrayentes para que cuando los entrevistasen en el Registro pudieran disimular bien.

Los españoles que se prestaban a estas bodas son todos personas de ambientes marginales o necesitados de dinero, según explicaron ayer el inspector jefe Jaime Nicolás y el inspector Pedro Bernardo, ambos de Extranjería, en la Jefatura Superior de Policía. Hay casos incluso de matrimonios que se casaron en falso con sendos inmigrantes.

Entre los 34 detenidos también hay una funcionaria, aunque no ha trascendido su puesto de trabajo porque hay secreto de sumario y la operación sigue abierta. Cuatro de los arrestados se consideran parte de la banda, mientras los otros 30 son todos contrayentes.

Para localizarlos, según contó el oficial Javier Fernández de Policía Municipal, responsable de los Rutas, se echó mano del padrón de habitantes, porque ninguno de los contrayentes seguía viviendo en el domicilio que dio en el Registro Civil.

Los arrestados están imputados por falsedad documental, asociación ilícita, delitos contra los ciudadanos extranjeros, estafa e infracción de la Ley de Extranjería.

Las gestiones policiales ahora se dedicarán a que el Registro Civil anule esos matrimonios para después poder cancelar los permisos de residencia y trabajo. En la operación se han incautado de dos pistolas simuladas en casa de Claudia, así como de una balanza en la que se supone se pesaba droga para vender.

Los protagonistas del caso

>Isleana García Vargas. Alias ‘Claudia’, como la llamaban en su entorno. Es colombiana nacionalizada española y decía que era abogada, aunque no lo es. Era la jefa de la banda, la que reclutaba a los inmigrantes y les conseguía parejas para celebrar las bodas falsas.

>Lola. Es la mujer que proporcionaba contrayentes a ‘Claudia’ para los matrimonios de conveniencia. Casi todos eran de etnia gitana y provenían de poblados marginales.

>Las iglesias. Once parroquias se han visto envueltas en el caso, pero como víctimas. La banda falsificó certificados de matrimonio para llevarlos al Registro Civil, aunque en realidad nunca se celebraron esas bodas en las iglesias.

>Los contrayentes. Los inmigrantes solían ser de Colombia, en ocasiones vinculados al narcotráfico. Sus parejas eran españoles que se llevaban unos 3.000 euros por casarse en falso.