M. JESÚS IBÁÑEZ / TERRASSA
PERE PRATDESABA / VIC

En pleno centro urbano de Terrassa, las palomas comparten azotea con cientos de antenas parabólicas y alguna que otra bandera andaluza izada en su mástil. A ras de suelo, Ca n’Anglada, que ocupa los terrenos de una antigua masía del siglo XV, es un barrio multicolor, con calles que hacen un esmerado repaso al santoral católico. Santo Tomás, santa Lucía, la virgen del Socorro y la de las Angustias conviven con una mezquita y un rosario de cafés, locutorios y carnicerías halal.
Llueve fino y el bar Al-Atlas es un hervidero de gente el jueves a mediodía. Todo hombres. «Las horas muertas se pasan de la mejor manera posible. Los que más preocupan son los más jóvenes, que no hacen nada en todo el día y corren el riesgo de delinquir», dice Abderrahim Najib, secretario de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí en Catalunya y vecino del barrio.
Son ya dos años de crisis económica, con tasas de desempleo que se ceban sobre todo en la población inmigrante. Lo recordaba el viernes pasado la Encuesta sobre la Población Activa (EPA) que cifraba en el 27,51% el paro entre los extranjeros que residen en España frente al 17,9% global. Y aun así, en las barriadas más castigadas, como Ca n’Anglada –o como Salt (Gironès), donde la oenegé Accem-Catalunya estima que el 86% de los extranjeros a los que atiende están en el paro– no se han desencadenado brotes de conflictividad social, como algunas voces alarmistas vaticinaron.

ESFUERZO INGENTE / A diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando estalló un grave brote de violencia tras la muerte a puñaladas de un joven magrebí, Ca n’Anglada es hoy un barrio en calma, aunque sea una calma relativa según algunos vecinos. Quizá la buena convivencia sea solo aparente, pero lo cierto es que la crisis que tan duramente ha castigado a estas barriadas no ha desencadenado conflictividad social. ¿De quién es el mérito?
«En primer lugar, de las asociaciones ciudadanas y las oenegés, que están haciendo un esfuerzo ingente. Y, luego, de los ayuntamientos, que soportan una carga de demandas de atención social sin precedentes», asegura Jordi Serra, responsable del área social de la Associació Catalana de Municipis (ACM).
Hacía muchos años que los consistorios no registraban un número tan elevado de peticiones de ayuda. «Estamos desbordados, pero ¿qué podemos hacer? Somos la primera puerta a la que se dirigen, tanto las asociaciones como los vecinos a título particular, y no podemos dejar que la gente pase hambre», afirma Serra. «Somos los amortiguadores de la crisis», agrega.
La Generalitat, a través de la Conselleria d’Acció Social, contribuye con una partida de 3,5 millones de euros, destinada a emergencias sociales y que está distribuyendo desde principios de año.
Las iniciativas crecen. Han nacido nuevas entidades solidarias y las que ya existían han multiplicado su actividad.
En Vic, otra población muy afectada por el desempleo de la población inmigrante, la asociación independiente El Tupí, formada por 40 voluntarios, la mayoría jubilados, distribuye cada año cerca de 7.000 comidas gratuitas entre personas sin recursos. Los voluntarios se reparten las tareas de cocina, comedor y recogida de productos y se organizan por turnos.
De primer plato, unas suculentas judías con sanfaina, acompañadas con una ensalada de tomate, anchoas y dos calamares a la romana. Le siguen dos filetes de pollo rebozado. Para los musulmanes, que no se fían ni un pelo de todo aquello que huela a carne, la cocinera ha preparado pescado. De postre, fruta o yogur. Té y una pasta para acabar. Quien quiera puede repetir.
«Tenemos suficiente comida. No nos quejamos», dice Marià, alma máter del proyecto, junto a su esposa Núria. La asociación recibe alimentos de Cruz Roja, del banco de alimentos que llega de la Unión Europea a todos los municipios y algunas aportaciones económicas del ayuntamiento, del Consell Comarcal d’Osona y fundaciones.

RETORNADOS / Otro de los factores que han contribuido a evitar la conflictividad social es el retorno a casa por el que han optado ya muchos inmigrantes. Según la última EPA, el tercer trimestre de este 2009 han vuelto a sus países de origen el 19,6% de los extranjeros demandantes de empleo. «Cuando se les termina el subsidio del paro, los extranjeros pierden el permiso de residencia. Eso les coloca entre la espada y la pared. Algunas situaciones son muy desesperadas», señala Abderrahim Najib.
Y lo peor. La cosa pinta mal cara al 2010. Las previsiones presupuestarias de los ayuntamientos no son demasiado boyantes. «Sobre todo, porque ha habido un recorte importante de las transferencias del Estado a las arcas municipales», indica Serra.