“Reparos” jurídicos y técnicos planteados por Canarias a causa de un cambio del Gobierno central en el procedimiento de traslado a otras comunidades de los menores llegados en cayucos han impedido la venida este año a Navarra de otros 10 menores extranjeros no acompañados (MENAS). El Gobierno foral ya mostró su disposición en 2008 de acoger a un nuevo grupo y repetir la experiencia realizada entre mayo de 2007 y diciembre de 2008 con diez chicos africanos.
De entre 16 y 17 años y tutelados por el Ejecutivo, fueron atendidos por la Asociación Nuevo Futuro con un proyecto educativo integral y hoy se encuentran ya emancipados y asentados en Tierra Estella.

Tras casi un año de dudas y reparos, reuniones, contactos diversos…, se espera que el asunto se pueda resolver mediante una enmienda de la normativa estatal que regula el Reglamento de Extranjería, de manera que los menores puedan venir a Navarra en el 2010. Pero no hay fechas concretas. Así lo reconoce la directora general de Familia y Menor del Gobierno foral, Loren Albéniz.

Rozando los límites legales

Desde el 2000, a Canarias han llegado a más de 6.000 menores africanos. Hoy siguen bajo su tutela unos 1.400 y sólo unos 170 están siendo atendidos por ONG en otras comunidades autónomas.

Según explica Albéniz, “como pidió el presidente de Canarias al Gobierno central, es necesario considerar a estos chicos no sólo menores de edad” – competencia autonómica – “sino menores extranjeros inmigrantes” – competencia estatal – . Antes del cambio, el Ministerio coordinaba con Canarias el traslado a las CC AA, subvencionaba parte del gasto y el Gobierno insular cedía la tutela de los chicos a las CC AA. El problema llegó cuando optó por dejar todo el asunto en manos de Canarias, transfiriéndole 15 millones de euros para los gastos de traslado y atención de 500 chicos.

Los servicios jurídicos canarios detectaron importantes reparos jurídicos y técnicos que “rozaban lo legal” a la hora de transferir tutelas y dinero entre CC AA, al ser menores pero a la vez inmigrantes. Se planteó incluso la posibilidad de ceder las tutelas a ONG directamente, lo que tampoco se veía viable, al menos en Navarra. Así, los traslados quedaron paralizados. En la actualidad, la enmienda que regulará este asunto está ya en las Cortes.