El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la nueva la Ley de Asilo, un texto que reforma la legislación en vigor aprobada en 1984, para introducir las directivas europeas impulsadas en los últimos años e incorporar novedades como proteger a las personas perseguidas por razón de género u orientación sexual, además de acoger a personas que viven en campos de refugiados mediante cupos que se fijarán anualmente. La regulación extiende la asistencia jurídica gratuita desde el comienzo del procedimiento de asilo y acota la lista de delitos que – aún considerados graves por el Código Penal – puedan ser motivos de exclusión de asilo.

La normativa, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos con la abstención de UpyD, ha sufrido a lo largo de su tramitación parlamentaria la incorporación de un total de 220 enmiendas pactadas en el Congreso y en el Senado. Según explicó el portavoz socialista en la materia, Antonio Hernando, «el diálogo parlamentario ha sido fructífero», consiguiendo «la mejora de una institución recogida en la Constitución» y consolidando la capacidad de España para «ofrecer y dar protección a quien la necesita».

Las palabras de Hernando contrastan, sin embargo, con la postura de dos de las ONG más relevantes que operan en España. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional denunciaron que la nueva Ley de Asilo convierte este derecho en «una carrera de obstáculos» y supone perder una oportunidad «para avanzar en el compromiso de proteger a quienes huyen de violaciones de derechos humanos».

La desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas, el no considerar a los ciudadanos de la Europa comunitaria como posibles beneficiarios de este derecho y la ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días, son algunas de las modificaciones que critican las entidades. «No se entiende que un país como España que cerraba el 2008 con 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional», denunciaron las ONG.

Los partidos, por contra, se mostraron de acuerdo con la nueva ley. El portavoz del PP, Gonzalo Robles, destacó que es una normativa «fruto del debate, el diálogo y la voluntad de servir a los más necesitados», para incidir en que el texto «no ha perdido el norte de la protección de las personas indefensas». Por su parte, Emilio Olabarria, del PNV, lamentó que no se haya «conseguido introducir una buena definición de apátrida» en la nueva ley y advirtió de que la redacción actual «va a provocar problemas de interpretación». No obstante, afirmó que esta razón «no es suficiente para motivar un voto negativo».