El PSOE y CiU han acordado que la nueva ley de extranjería no sobrepasará ni una línea lo que dice el Estatuto en esta materia y que se valorará el esfuerzo de integración que supone conocer el idioma y las costumbres de la sociedad de acogida. Este esfuerzo será valorado y reconocido en un informe que la Administración autonómica deberá realizar para acompañar una solicitud de permiso de trabajo, residencia o nacionalidad, pero «nunca será determinante ni excluyente», explicó la portavoz del PSOE en la comisión de Trabajo e Inmigración, Esperança Esteve.

El PSOE diferencia así entre el contrato de integración que propone el PP, que obligaría a los inmigrantes a demostrar ciertos conocimientos del idioma, las costumbres y la cultura española, de la recomendación a los poderes públicos de que promuevan estos conocimientos.

Para el Partido Popular, esto no es más que «darle vueltas al mismo tema de establecer un sistema de equilibrio de derechos y deberes pero sin que se le pueda llamar contrato de integración, aunque contempla básicamente las mismas ideas», explicó el portavoz del PP en la comisión, Rafael Hernando. «Es lamentable que en vez de un pacto de Estado sobre cómo hacer la inmigración más ordenada y sensata, el PSOE haya buscado una transferencia de competencias para sacar adelante la ley como sea», dijo Rafael Hernando.

Por medio de un comunicado, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, celebró ayer que las enmiendas que había presentado introducido su partido incorporan el principio de esfuerzo de integración y «blindan las competencias que el Estatuto de Catalunya reconoce a la Generalitat en materia migratoria y abre nuevos espacios a la participación de las comunidades en la política de extranjería».