Disuelven un grupo de radicales que quería manifestarse ilegalmente en Sol
ABC, , 11-10-2009Varias decenas de jóvenes antifascistas intentaron manifestarse ayer en la Puerta del Sol para protestar por el «continuo ascenso de las agresiones fascistas» que se están produciendo en Madrid. Pero no lo consiguieron. La Delegación de Gobierno había prohibido esta concentración, por haberse solicitado fuera de plazo y por coincidir con otra manifestación autorizada previamente por la Federación de Salud Mental, en el mismo lugar, por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir para prohibir el acto, en el que se vivieron algunos momentos de tensión.
Eran varios los colectivos sociales antifascistas que habían solicitado el permiso para manifestarse ayer, entre ellos, la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba cuya presidenta es la madre de Carlos Palomino, el adolescente que murió apuñalado en la estación de Metro de Legazpi, a finales de 2007. Sin embargo, esta organización se descolgó del acto y decidió acatar la prohibición de la Delegación de Gobierno.
Los ánimos ya estaban cargados desde minutos antes de las 12.00 horas en el entorno de la estatua de Mariblanca, cerca de la calle del Arenal, cuando los manifestantes accedían a la Puerta del Sol desde las estaciones de Metro y Cercanías. Allí, los agentes de Policía identificaron y registraron a varios ciudadanos. Poco después del mediodía, algunos de los concentrados intentaron desplegar una pancarta en la que se podían leer consignas contra los nazis, aunque los agentes impidieron rápidamente que lograran su propósito de manifestarse. La Policía identificó entonces a 15 jóvenes a los que les advirtió que debían deponer su actitud, porque la manifestación no estaba autorizada.
No hubo detenciones
El portavoz de una de las asociaciones convocantes pidió a los jóvenes «un poco de responsabilidad», porque, tal y como le habían indicado los policías, si la manifestación continuaba, se producirían detenciones. Los ciudadanos concentrados expresaron su disconformidad con esta decisión y aseguraron que se trataba de una discriminación más hacia el colectivo antifascista.
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