Miguel Marín manifestó la voluntad de la Ciudad para que el Estado tenga comprensión con la situación de la mujer marroquí sobre la que pesa una orden de expulsión del CETI. El vicepresidente recordó que se trata de una «situación singular» para la que habría que aplicar una solución igualmente puntual de carácter humanitario.

Cabe recordar que se trata de una mujer embarazada de siete meses que hasta ahora vivía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes con su pareja, un ciudadano hindú. Debido a las convenciones internacionales, la mujer ha excedido su tiempo de estancia en Melilla, por lo que tendrá que regresar a su país, donde se castiga a las mujeres por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

La Ciudad, pese a carecer de competencias en la materia, se encuentra pendiente de la posible solución que se diese a este caso desde la Delegación del Gobierno. Así lo expresó Marín, para quien debería prevalecer el sentido humanitario.