El gobierno español negó ayer que existan redadas masivas para identificar inmigrantes irregulares, tal y como aseguran algunas asociaciones, y precisó que lo único que hay son controles policiales estrictamente legales, que en ocasiones han culminado con la detención de miembros del grupo separatista vasco ETA.

Diversos colectivos de extranjeros llevan denunciando desde hace meses un aumento de la presión policial, que, a su juicio, se ha traducido en controles indiscriminados de documentación basados en criterios como el color de la piel en lugares frecuentados por foráneos, como embajadas, transporte público y locutorios.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en el Senado que la policía despliega operativos de seguridad, pero nunca ese tipo de  cacerías. Subrayó que se ha reunido con asociaciones de inmigrantes para detallar la política migratoria del gobierno. 

El senador del conservador Partido Popular, Luis Peral, acusó al ministro de negar la evidencia y pidió el cese de la persecución al colectivo extranjero.  “¿Qué tiene que pasar para que cese este hostigamiento racial?, se preguntó.

Casi 5 millones de inmigrantes, el 12% de la población, viven en España. Para muchas asociaciones la crisis ha provocado un endurecimiento de la política de inmigración.