La polémica en torno a los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) que residen en Álava vuelve a dependencias judiciales. Según ha podido saber EL CORREO, la Fiscalía y los juzgados de guardia han incoado una quincena de procedimientos judiciales contra los responsables de los centros forales por su presunta negativa a acoger a chicos llevados por la Policía Local. De hecho, es la Guardia Urbana la que interpone estas denuncias. Para evitar que los menores deambulen por la calle, los agentes llevan meses derivándolos al Centro Municipal de Acogida Social, el popularmente conocido como ‘Camas’, donde pernoctan con indigentes mayores de edad.

No es que la Diputación decida enviar ‘motu propio’ a los menores al albergue municipal, sino que la «saturación» de sus instalaciones les obliga a rechazar a los ingresos de urgencia que se producen, sobre todo, a altas horas de la noche. Por regla general, según dijeron fuentes conocedoras de esta situación, los policías encuentran a estos chicos «deambulando por la calle» y los llevan al centro habilitado desde 2003 en la sede de la Cruz Roja en Vitoria. Sin embargo, no siempre tienen sitio.

La teoría dice que la institución pública competente de la salvaguarda de estos chicos es la Diputación. Pero de la teoría a la práctica, por lo general, suele ir un trecho. La masiva llegada de menores inmigrantes al territorio en el último año y medio ha puesto entre la espada y la pared al Gabinete del peneuvista Xabier Agirre, que ve, impotente, cómo la realidad hace tiempo que superó su oferta de plazas. En la actualidad, según los datos aportados el lunes por la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, los recursos forales albergan a 126 jóvenes, una de las cifras más altas de la historia de la institución.

La Diputación no da más de sí y se ha visto obligada a decir «no» en algunos de los nuevos ingresos de urgencia. La situación, eso sí, viene de largo. A principios de este año y con el plácet de la Fiscalía, la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria acordaron poder derivar a menores al albergue municipal como una situación «excepcional» y de «emergencia» que debería resolverse en cuestión de horas. Por ejemplo, el caso de un chaval que es encontrado a las tres de la madrugada y es enviado al ‘Camas’ hasta que los servicios forales, al día siguiente, se hicieran cargo de él.

El Ministerio Público, pese a todo, se mostró «muy preocupado» por la nueva situación y advirtió del peligro que suponía que menores pernoctaran en un centro para mayores que no tienen el perfil más idóneo para convivir con estos jóvenes.

Pero lo que iba a ser flor de un día parece haberse convertido en una rutina. Tanto, que representantes del Consistorio vitoriano ya han mostrado a diferentes instancias judiciales su «profundo malestar» porque llevan semanas haciéndose cargo de bastantes jóvenes casi a diario. «Hay más de un menor que lleva veinte y treinta días en dependencias municipales», destacaron los medios consultados.

Sistema de cupos

De la quincena de procedimientos abiertos en el Palacio de Justicia, todavía no se ha resuelto ninguno. Una vez incoados, lo que se hace es iniciar una investigación que dictamine qué es lo que ocurrió en cada caso. El problema, sin embargo, tiene difícil solución. El ‘efecto llamada’ sigue atrayendo a chavales inmigrantes , pero la oferta de servicios no le va a zaga. La apertura del nuevo centro foral de Molinuevo, en el barrio de Coronación, no ha conseguido solventar la saturación al contar sólo con 30 plazas, lo máximo que le permitía la normativa vigente.

Junto a este recurso, el área de Infancia del Instituto Foral de Bienestar Social también cuenta con el local abierto de forma provisional en 2003 en la sede de la Cruz Roja – fue remodelado a finales del pasado año – , cuatro pisos de emancipación y las instalaciones habilitadas en el santuario de Estíbaliz hace más de un año, y que en teoría deberían haberse dejado antes del verano. Sin embargo, necesidades coyunturales han obligado a la Diputación a cambiar el paso.

Sea como sea, lo cierto es que el problema tiene muy difícil solución, pero el tripartito foral lo tiene claro: el Gobierno central debe tomar cartas en el asunto y elaborar una normativa que establezca un sistema de cupos para que cada comunidad autónoma acoja a un número de ‘menas’ que esté en consonancia con su volumen poblacional y su potencial económico. No hay que olvidar que esta avalancha que ahora sufre Álava le ha obligado a triplicar el presupuesto hasta los tres millones de euros anuales.

Así se encargó de reiterarlo el lunes en las Juntas Covadonga Solaguren, que pidió restringir la libertad de movimientos de estos menores por la Península, ya que la mayoría de los que ahora están en Álava no proceden de otras autonomías.




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