La investigación sobre los clubes ‘Zapai’ y ‘Sstress’ de Zaldibar se inició en el verano de 2006, a raíz de un mensaje grabado en un magnetófono en el albergue para personas sin hogar de Mazarredo, en Bilbao. En la cinta, una mujer boliviana aseguraba que acababa de llegar a España engañada y que había sido obligada a ejercer la prostitución y a drogarse en uno de estos locales. Esos mismos días, una llamada anónima al aeropuerto de Barajas realizada por otra mujer aseguraba que había sido explotada sexualmente en el ‘Zapai’.

La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía realizó el 8 de agosto una redada en el club, que se saldó con la detención de una decena de extranjeras que se encontraban en situación irregular, además de los tres supuestos responsables: el dueño, J.E.; un camarero, R.R., al que se acusaba de cobrar a las chicas y controlar sus horarios, y un ayudante, R.G., quien supuestamente recogía a las mujeres en Madrid y las trasladaba hasta los pisos en Eibar y Ermua, donde el club les cobraba un alquiler de nueve euros.

Los tres acusados, de cierta edad, uno de ellos ya jubilado, todos de nacionalidad española, que vestían camisa a cuadros y pantalón de pinzas, se sentaron ayer en el banquillo durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína. Los tres negaron saber que las mujeres se encontraban en situación irregular y que ejercían la prostitución en el local, pese a que cuenta con camas. «Subían a las habitaciones, pero yo no sabía lo que hacían dentro», se justificó el camarero. R.G., por su parte, admitió que llevaba en coche a las chicas desde el piso al club, y de regreso. «Me reportaba unas perrillas, con eso subsistía, no tenía sueldo fijo».

Dos de las mujeres detenidas, que ejercían la prostitución en el ‘Zapai’, declararon en calidad de testigos protegidos, detrás de un biombo. Las dos chicas relataron cómo una compatriota, llamada Patricia o Silvia, les ofreció la posibilidad de entrar en España. «Me dijo la verdad, que venía a ejercer la prostitución», reconoció la testigo 008, que permaneció en el club ocho meses. La número 009 estuvo un año. Una vez en Barajas, fueron recogidas por un taxista que las trasladó al País Vasco.

Multa de 60 euros

Ambas explicaron que contraían con el dueño del local una deuda de 2.700 euros «por el billete», que iban saldando con un porcentaje de los servicios. Una de ellas detalló que por un servicio de 53 euros, el club se quedaba con doce y ella con el resto, menos los nueve euros que pagaban por el alojamiento y el transporte. Una tardó un mes y medio en abonar el dinero, y la otra, dos meses. Trabajaban desde las cinco de la tarde a las tres de la madrugada. En el caso de que faltaran sin causa justificada, el club les sancionaba con «una multa de 60 euros».

Las defensas, que solicitan la libre absolución de sus clientes, llamaron a declarar a seis mujeres que trabajan en los dos clubes; la mayoría brasileñas, una boliviana y una española, la que más tiempo llevaba ejerciendo la prostitución, quince años. Todas afirmaron que entraban y salían cuando querían, y que ejercían la prostitución «con libertad». Al inicio del juicio, la Fiscalía solicitaba para el principal acusado, J.E., una pena de doce años de cárcel por los delitos de tráfico ilegal de inmigrantes, prostitución y explotación laboral. Para los otros dos supuestos cómplices, pedía ocho años para cada uno.

Una vez celebrada la vista, el Ministerio público rebajó sus peticiones a ocho años para los dos primeros acusados, y retiró la acusación de explotación laboral a R.G. Alternativamente, si el tribunal no considera los hechos como un delito de «prostitución coactiva», el fiscal pidió que se recondujera a otro de «explotación sexual con ánimo de lucro», ya que, según dijo, «los acusados han acumulado muchos ingresos con las chicas».



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