pamplona. El Gobierno de Navarra destinará por primera vez recursos económicos para favorecer el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. En concreto, aportará una ayuda de 10.000 euros al programa de retorno voluntario humanitario que gestiona Cruz Roja para personas en situaciones de “especial vulnerabilidad” por falta de recursos. En lo que va de año nueve familias (34 personas) han decidido tirar la toalla y volver a su país de origen con el billete pagado mientras que un total de 350 han pedido información sobre el programa. El año pasado se marcharon por esta vía 40 personas, cifras nada llamativas respecto al total de población inmigrante en Navarra (68.000) pero las ONG advierten que no existe control de extranjeros que se marchan por su cuenta sin acogerse al apoyo humanitario o al estatal para cobrar el desempleo en sus países de origen.

Cruz Roja Navarra recibe fondos de la organización humanitaria central y ésta, a su vez, financiación estatal. Por su parte, la ayuda foral que se autoriza al consejero de Relaciones Institucionales a propuesta de la Oficina de Atención a la Inmigración se destina a financiar billetes de viaje y ofrecer una pequeña ayuda económica para el mismo a personas sin recursos, y tiene su origen en el Plan de Acción para la Acogida e Integración de los Inmigrantes en Navarra (PAAIIN), uno de cuyos ejes contempla el apoyo a programas de retorno voluntario. En plena crisis económica, “se hace especialmente necesario apoyar a aquellas personas que ven fracasado su proyecto migratorio y deciden la vuelta a sus países de origen por causa de fuerza mayor pero que no disponen de recursos económicos para llevarla a cabo”, señala el Ejecutivo.

El programa de retorno voluntario está destinado a inmigrantes no comunitarios en situación regular o irregular, con estancia mínima de seis meses en España, sin medios para afrontar el pago de los pasajes y que no tengan prohibida la salida del país según los supuestos contemplados en la Ley de Extranjería.

En los últimos cuatro años se han multiplicado por siete los inmigrantes de Bolivia y por dos de Rumanía, Bulgaria, Brasil, Portugal y Perú. Entre los supuestos más comunes, señala María Ezkurra, responsable de programa de atención a inmigrantes de Cruz Roja, están las situaciones familiares (separaciones, malostratos…), situaciones sanitarias “difíciles o incluso dramáticas” (personas a la que se detecta un tumor o una enfermedad muy grave) y otras “situaciones normales”: “Gente que ha venido a trabajar con 60 años y no han encontrato trabajo, etcétera”, remarca. La metodología es la siguiente: semanalmente se llevan a cabo reuniones informativas. Una vez que la persona ha tomado la decisión, se pasa al estudio individualizado del caso para valorar las circunstancias personales. Se priorizan casos de menores, mujeres con cargas familiares no compartidas, medios familiares hostiles para la mujer y los hijos o hijas, mayores de 65 años y enfermedades graves. En el caso de ser aprobado, la persona inmigrante deberá aportar una serie de documentos que acrediten su situación. El billete de viaje será en todos casos nominativo, para evitar posibles ventas a terceros. El 90% son sudamericanos, fundamentalmente de Brasil, Bolivia y Ecuador. “No hay casos de africanos quizá porque, además de ser muy resistentes, han venido en pateras muchos y no quieren volver con la sensación de fracaso con toda la familia pendiente de ellos y habiendo invertido mucho dinero en ello”, expone Ezkurra. Un billete de avión puede costar entre 300 y 4.000 euros, y salvo excepciones el plan se interrumpe en verano.