En el restaurante de una tía, ubicado en el antiguo terminal terrestre de Azogues (provincia de Cañar), Aníbal L, de 27 años, ve transcurrir los días entre comensales que llegan y se van  con diálogos que se diluyen en su memoria.

Pese a lo malo que pasó en el último año en Estados Unidos, sus pensamientos están en ese país  porque allá están su  hija de 3 años y su esposa, además de la empresa  de construcción que  fundó  con sus hermanos que, asegura,  residen con documentos  en esa nación.

Aníbal emigró por primera vez en noviembre de 1999, en plena crisis bancaria. Se fue en barco hasta Guatemala y de allí siguió por tierra a México hasta llegar a su destino, “entonces no había mucha vigilancia como ahora”, recuerda.

Una madrugada de abril del 2008, la Policía de Migración llegó a su casa y  le pidió documentos que acrediten su estancia en EE.UU. “Yo no tenía y me detuvieron”, precisa. Su esposa, que tiene residencia en ese país, pagó una fianza por 15 mil dólares, lo que le permitió recuperar la libertad e iniciar un proceso legal para encontrar la manera de quedarse en ese país.

Los 30 mil dólares que invirtió  fueron en vano, porque cuando se presentó ante el juez que tenía pendiente su deportación, cuenta: “no consideró mis aportaciones al seguro, ni a mi familia, ni mi conducta intachable y me deportó a Ecuador en enero del 2009”.

Con la idea fija de volver a EE.UU. para reencontrarse con  su familia, intentó un segundo viaje ilegal en abril pasado. “Mi hija me llamaba llorando y me pedía que vaya a verla”, lamenta.  Pero esta travesía fue más difícil que la primera y la  Policía de Migración lo detuvo el mes siguiente, en Laredo, Texas, y fue deportado en agosto.

Llegar a una prisión en Estados Unidos fue lo peor que le pudo suceder, considera  Aníbal, que estuvo en  una cárcel de Nuevo México y  otra en Luisiana. “La alimentación es pésima y escasa. Sirven la comida tres veces al día (04:00, 12:00, 16:00), pero es algo incomible y muy picante, que hasta me enfermé del hígado”, indica.

También se queja del desaseo en prisión  y de  la atención sanitaria. “Una vez, un interno se lesionó el pie y lo atendieron después de  tres horas solo para decirle que se ponga compresas de agua tibia. Además, dan la misma medicina  para todo”.

José Ch., quiteño de 40 años, que también fue detenido y deportado por dos ocasiones desde EE.UU., coincide con su versión. “Cuando nos agarran, nos tratan como animales, los primeros días solo nos dan de comer galletas y agua”, agrega.

Él viajó  por primera vez a ese país en 1999, y en todo este tiempo trabajó en las áreas de carpintería y pintura. En Quito quedaron  su mujer y tres hijos, hoy de 22, 19 y 16 años.

Fue detenido  en enero de este año. Se le rompió la dirección de su carro y un policía se acercó a pedirle sus documentos. “Como no tenía, me dijo ‘¡Hispano, terrorista!’ y que toda esa basura querían sacar de ese país”.

Estuvo preso seis días en una cárcel de Newark y cuando sus jefes se aprestaban  a pagar una fianza de 25 mil dólares, lo  llevaron a otra  de Pensilvania y finalmente a una de Laredo, Texas, desde donde fue deportado a Ecuador en mayo pasado.

“Unas doce horas antes de trasladarnos (al avión), en las celdas nos encadenan pies, cintura y brazos. Y en el avión, cuando nos movemos, nos golpean en la cabeza, canillas y nos  tuercen los brazos. Si uno pide el baño lo llevan arrastrando. Es terrible”, lamenta.

Pese a todo, el pasado 24 de junio, José  intentó una nueva travesía ilegal a  EE.UU. y fue detenido en Arizona desde el 14 de julio hasta el 14 de agosto, cuando fue deportado por segunda ocasión.

 “Nuevamente estuve en prisión, sin poder comer, sin asearme.  Es una violación a los  derechos humanos y falta la presencia de nuestras autoridades”, expone. Aquella ocasión le negaron la libertad bajo fianza porque ya había sido deportado una vez.

José y Aníbal quieren regresar a EE.UU., el primero para seguir trabajando en labores de carpintería y pintura que le permitan aportar con  la manutención de sus hijos en Quito en este momento de crisis,  y el segundo para volver con su familia y a su constructora.

No obstante, ellos no saben cómo hacer con el castigo que les impusieron las autoridades de migración de EE.UU.  por ingresar a ese país dos veces de manera ilegal. A José le prohibieron volver en 20 años  y le advirtieron que si es detenido por tercera vez, su ingreso será vetado de por vida con el riesgo de que un juez lo procese y lo mande a prisión dos años. Aníbal tampoco puede volver en un lapso de 10 a 20 años y si lo hace, iría preso 8.

“No  tengo dinero ni trabajo. Siete años aporté al Seguro Social (de EE.UU.), unos  1.500 dólares al año, y esa plata debo recuperarla. Quiero jugarme el todo por el todo”, dice José.

Aníbal es más cauteloso. “Quiero estar con mi familia, pero no sé cómo hacer”, señala mientras ve transcurrir los días en el negocio de su pariente.

La historia de ellos es la de un sinnúmero de emigrantes que reinciden en su intento por llegar a EE.UU., donde los recios controles han expulsado a 571 compatriotas en el primer semestre de este año, según datos de la Defensoría del Pueblo.