La reforma de la Ley de Extranjería debe significar una oportunidad para incorporar la visión de integración y el respeto de los derechos humanos, de acuerdo con la realidad actual, y no para introducir un nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración La propuesta que nos ha presentado el Gobierno justifica la necesidad de proceder a una reforma de la Ley de Extranjería para adaptarla a las sentencias del Tribunal Constitucional y trasponer las directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico. Pero la reforma no se para aquí. El Gobierno aprovecha para introducir un nuevo recorte de derechos y una visión utilitarista de la inmigración orientada a las necesidades productivas, alejada de la conciencia social y ética, haciendo que la célebre frase del escritor Max Frisco («pedimos mano de obra… y llegaron personas») recobre vida.

Se nos presenta un texto en el cual se impone la tendencia de gobernar a golpe de Código Penal, copiando las peores prácticas de nuestro entorno. Si las leyes civiles y mercantiles siguen siendo las mismas para los extranjeros que para los españoles, no encontramos justificación para que no sea así en el ámbito laboral, y mucho menos en el que les corresponde como ser humano, constatando una vez más el paradigma del racismo institucional.

Las directivas europeas son normas de mínimos y su transposición no justifica un retroceso en nuestra legislación. El caso más evidente: los centros de internamiento. La legislación europea no obliga a incrementar el periodo de retención y pasar de 40 a 60 días, aunque un Gobierno como el nuestro opte por ello, y todo ello por cometer una simple falta administrativa que podría ser sancionada con una multa.

Cuando se aprobó la Directiva de la Vergüenza se nos dijo que ésta no se aplicaría en nuestro país. Pero las intenciones del Gobierno no plantean la óptica desde los derechos humanos y no fijan normas de protección suficientes para impedir que las ya deplorables actuales condiciones se deterioren todavía más. De un Gobierno de progreso se espera que se articule una auténtica garantía judicial, que podría pasar por la creación de una jurisdicción específica que, además de ejercer la función de control judicial del internamiento, corrija los abusos y desviaciones de la actuación administrativa.

Desde la misma óptica se endurece el régimen sancionador, la redacción del artículo relativo a la hospitalidad, tal y como expone el Manifiesto Salvemos la Hospitalidad, pervierte la lógica del buen derecho, se invierte la carga de la prueba, además de penalizar valores como la acogida y la solidaridad, también discrimina por cuestiones de nacionalidad, puesto que la carta de invitación se exige tan sólo para algunos países.

Tampoco se corrigen errores de lógica jurídica, como el del falso empadronamiento. Hubiera sido un acierto suprimir este precepto, como entenderíamos que así se hiciese con otros comportamientos que no son exclusivos de las personas extranjeras, como el del falso empadronamiento para acceder a una zona escolar determinada. El padrón constituye la principal vía de acceso a las prestaciones sociales, mantenerlo como infracción grave empeorará el riesgo social de las familias.

Otra expresión de este retroceso es el Registro Central de Extranjeros, que acredita el afán del Gobierno de situar las políticas en el ámbito del orden público, favoreciendo la equivalencia inmigración/delincuencia.

En lo relativo a derechos políticos se sigue relegando el derecho de voto a criterios de reciprocidad sin hacer propuestas de fondo como la modificación del Art. 13.2 de la Constitución, pasando por alto que existen países con los que no podremos firmar tratados por motivos legales, sociales o políticos, condenando a sus ciudadanos a no ser reconocidos como ciudadanos de primera.

La reagrupación familiar se condiciona a la residencia de larga duración, es decir a cinco años frente a los dos años que propone la directiva de trasposición. Además, se introduce un concepto jurídico indeterminado, como son las «razones humanitarias» para la reagrupación de los ascendientes menores de 65 años, que da pánico por su discrecionalidad, como mínimo, debería hacerse referencia al resto de estatus jurídicos que establezca el ACNUR.

Desde ICV entendemos que esta reforma debe significar una oportunidad para incorporar la visión de integración y el respecto a los derechos humanos, de acuerdo con la realidad actual. Es cierto que se han eliminado las peores partes del texto, como la sanción penal para aquel que auxilia a un inmigrante en situación irregular. Pero perdura la regulación de la inmigración, como respuesta al contexto de crisis, presentándolos como simple mano de obra, estigmatizando su figura y optando por medidas de control y muy poco de integración.

Joan Herrera Torres es secretario general de ICV y diputado en el Congreso.