gernika – lumo. Los innumerables problemas de convivencia surgidos en los dos años en los que la Casa de Malta lleva ocupada por familias llegadas desde países de Europa del Este han motivado que el Consistorio de Gernika – Lumo haya decidido alzar la voz para apremiar al Juzgado de la localidad foral a que emita una sentencia para desalojar a sus okupas. Ante el estado de alarma social generado en el municipio, pero, sobre todo, entre los vecinos de la calle Ibarra, el Ayuntamiento ha abogado por que los tribunales ofrezcan “una rápida solución” para atajar un conflicto sobre el que, por contra, no tiene competencia alguna.

La gravedad de la situación de la vivienda patera, en la que desde principios del año pasado convive más de una treintena de personas pertenecientes a varias familias – incluso con niños de muy corta edad sin escolarizar – , ha desembocado en múltiples quejas de los vecinos ante el Ayuntamiento, la Policía Municipal y la Ertzaintza. Personados en el lugar, éstos han detectado en múltiples ocasiones las deficientes condiciones de higiene y salubridad que imperan en el inmueble ocupado, que carece de luz y agua.

La tramitación judicial para garantizar el desalojo de la Casa de Malta comenzó en mayo del pasado año con una denuncia inicial por “ocupación de inmueble” interpuesta por la sociedad mercantil propietaria del edificio de tres plantas, ubicado en plena zona industrial de Ibarra. El edificio se mantuvo vacío desde 2006. Las inspecciones y los informes – hasta seis distintos, según fuentes municipales – remitidos por los cuerpos policiales y el Consistorio a la entidad judicial durante los últimos 19 meses recogen sobradamente datos e imágenes acerca de la precaria situación del edificio. No obstante, no han servido para que el Juzgado de Instrucción número 1 de Gernika – Lumo haya emitido sentencia alguna que dé pie al desalojo de las familias. Una orden que, además, “resulta necesaria porque de lo contrario no es posible ejecutar el desahucio. Y es que, aunque llevamos trabajando desde el principio, el Ayuntamiento carece de competencia y no podemos hacer nada”, afirma el alcalde, Jose Mari Gorroño.

Pero la titular del juzgado, “para sorpresa de este Ayuntamiento”, incluso llegó a sobreseer provisionalmente el caso y archivar la causa judicial el pasado mes de junio, ha reconocido el alcalde gernikarra. No obstante, un posterior recurso de los propietarios de la Casa de Malta alzado ante la Audiencia Provincial de Bizkaia logró reabrir una causa que, según espetan los responsables municipales, “está tardando demasiado tiempo en ser resuelta”. Pocas semanas después, este tribunal reprobó la actuación de la jueza de Gernika – Lumo, al tiempo que argumento en su sentencia que “existen elementos judiciarios suficientes para continuar con la causa”. En la actualidad, tanto el propietario como el Ayuntamiento se encuentran a la espera de una resolución del caso.

La creciente alarma social generada en la villa y, sobre todo, entre los vecinos de la calle Ibarra, por la presencia de las familias que han hecho del inmueble su hogar, ha precipitado los acontecimientos. Los vecinos han mostrado su “hartazgo” por una situación de “indefensión”. El Consistorio también ha alzado su voz para exigir “dar una rápida solución” al problema. Sin embargo, deberán esperar hasta obtener una resolución judicial favorable.

“Que nos ayuden. Sólo pedimos eso”

A pesar de enfrentarse a un problema de muy similares características al acaecido en un antiguo pabellón en Idurgo el pasado año con otro grupo de okupas, la no inclusión en el censo de los habitantes actuales de la Casa de Malta no hace sino complicar aún más la labor del Ayuntamiento de Gernika – Lumo a la hora de otorgar cualquier tipo de ayuda. Precisamente, los inquilinos del edificio señalaron ayer a este periódico que con la usurpación de la vivienda de la calle Ibarra tan sólo tratan de “ofrecer una vida mejor para sus hijos, después de abandonar Rumanía”, repitieron insistentemente. Sobre un posible viaje de vuelta a su país de origen si son desalojados de su actual vivienda, remarcan que “es imposible volver allí, ya que nos moriríamos de hambre”, sentenciaron. Negadas categóricamente algunas de las denuncias efectuadas por los habitantes de los inmuebles cercanos y, según su propia versión, “veinte personas de cinco familias” habitan en la actualidad en el vetusto edificio, mientras, en lo que respecta a la situación de los menores, apuntaron que “están escolarizados”. “Sólo pedimos una ayuda para abandonar esta casa y vivir mejor. Sólo eso. Somos gente trabajadora”, explicaron. >i.f.