Gernika tiene un serio problema en el polígono Bekoibarra y no precisamente como consecuencia de la desindustrialización que afecta al municipio. Desde hace dieciséis meses, el inmueble conocido como ‘Casa Malta’ se ha convertido en un «edificio patera» en el que conviven hacinadas más de una treintena de ‘okupas’, en su mayoría inmigrantes procedentes de países del Este. Habitan sin agua corriente ni electricidad y en pésimas condiciones de salubridad. «Hacen sus necesidades en la parte de atrás y han comenzado a proliferar las ratas», apuntaron varios residentes.

La preocupación entre los vecinos de la zona – alrededor de una decena de familias – va en aumento, máxime tras conocer que la situación puede ir para largo. La orden de desahucio solicitada en el juzgado de Gernika por la mercantil Almapro S. A., propietaria del inmueble, indispensable para proceder al desalojo, no termina de llegar. Los afectados se han reunido con el alcalde, José Mari Gorroño, para buscar una salida, pero «no podemos hacer nada hasta tener la resolución judicial», recalcó el primer edil.

El problema se remonta a mayo de 2008. Tras la denuncia presentada por Almapro ante la Ertzaintza, los agentes identificaron en la casa a un total de ocho personas y remitieron el tema al juzgado número uno de la villa foral. La sala, sin embargo, decidió poco antes del pasado verano y, pese a los nuevos informes remitidos en marzo por el Consistorio apremiándole para una pronta resolución, archivar la causa. El fallo fue recurrido ante la Audiencia Provincial que consideró que «existen indicios suficientes para continuar la instrucción» y se reanudó el proceso.

Embarazadas y niños

Desde entonces, el trasiego de inquilinos de la ‘Casa Malta’ ha aumentado y en la última inspección de la Policía Municipal en agosto se contabilizaron 32 personas, de las que una decena eran niños. «Uno de ellos incluso ha nacido allí y hay varias mujeres más que están embarazadas», explicaron. Los gernikarras, entretanto, observan atónitos el peregrinar diario de estos ‘okupas’ hasta la fuente del mercurio con un carro repleto de bidones para llenarlos de agua. Asimismo, disponen de un generador para solventar la ausencia de corriente eléctrica. «Los juzgados deberían resolver estos casos en un máximo de tres meses», exigió Gorroño.