TIJUANA, BC.— Abusos, maltratos, asaltos y violaciones marcaron el paso de la migración durante la primera etapa del Operativo Guardián y las subsecuentes fases (Salvaguarda y Río Grande). Al cumplirse 15 años de esta política estadounidense, la situación se agravó ante la presencia de bandas criminales que han hecho víctimas de secuestros y asesinatos a quienes buscan el “sueño americano”.

La medida, impuesta el 1 de octubre de 1994 —fecha en que inicia el año fiscal en EU— bajo el pretexto de frenar el paso de indocumentados al vecino país, ha provocado la muerte de miles de personas, y desde entonces mantiene una constante violación de sus garantías, acusó el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante Fernández.

Es una política que ha violado el contenido de la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos, pero el gobierno de México ha sido incapaz de hacer algo para defender a sus connacionales, acusó.

Dijo que en este panorama los migrantes mexicanos y centroamericanos han sido los principales afectados, y tampoco la sociedad civil ha hecho nada para defenderlos. Sólo la Iglesia católica se ha pronunciado en contra, pero de una manera muy tibia, sostuvo Bustamante.

Lo peor es que la crisis económica impulsa un crecimiento en la emigración, así que la estadística mortal aumentará, según el investigador.

Quince otoños, miles de muertes

El 1 de octubre de 1994 se puso en marcha el Operativo Guardián entre la frontera de California y Baja California, con lo que inició la construcción de muros divisorios entre los dos países, la instalación de equipo sofisticado de vigilancia y la contratación de miles de elementos de la Patrulla Fronteriza.

En esa fecha, la frontera de Tijuana reportaba casi la totalidad de cruces a Estados Unidos, por ello el Operativo Guardián se concentró en la instalación de bardas, equipo sofisticado y vigilancia en casi 300 kilómetros entre las dos Californias. Las cercas, el alumbrado, los censores electrónicos, telescopios de visión nocturna y las cámaras tuvieron un costo millonario pagado en dólares.

A 15 años, la estrategia para disuadir los cruces ilegales ha dejado más de mil 500 muertes, entre ellas menores de edad que suman cerca de 2% del total, cuya estadística va en aumento, dijo el director de la Casa YMCA del Menor Migrante, Uriel González Pérez.

El informe Crisis Humanitaria: Muertes de migrantes en la frontera entre México y EU, elaborado por la Unión Americana por las Libertades Civiles y la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que las muertes anuales en los cruces ilegales pasaron de 254 en 1998 a 390 en 2008. Hasta julio de este año sumaban 306 decesos por esta causa.

“El aumento del número de agentes fronterizos obligó a los inmigrantes indocumentados a cruzar por desiertos”.

González Pérez afirmó que millones de personas ahora utilizan rutas alejadas de la vigilancia estadounidense, aunque esto implique transitar por caminos en que los riesgos acechan. Recordó que antes del operativo ocurrían muertes de migrantes, pero eran muy inferiores a la estadística actual que alcanza una víctima por día, sin contar con que innumerables cuerpos podrían encontrarse a lo largo de las rutas de cruce.

El relator especial de la ONU cuestionó que pese a la gravedad de la situación que se observa en el creciente índice de secuestros y asesinatos de los y las migrantes, no se ve ningún indicio de mejoría porque no hay compromisos de los gobiernos involucrados para revertirla. Lamentó que la sociedad mexicana no ha manifestado interés en intervenir; sólo los connacionales que residen en Estados Unidos hicieron en su momento intentos para acabar con esta política.

En marchas y manifestaciones públicas exigieron la desaparición del operativo, luego incrementaron su participación política y lograron un cambio presidencial, recordó el también investigador y fundador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en referencia a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

También advirtió que se agravó la presencia de criminales que no sólo empujan a los migrantes a las zonas peligrosas, sino que ahora los secuestran, violan o hasta asesinan.

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