El conflicto por el realojo de una familia gitana en La Arboleda, en el municipio de Trapagaran, saltará a los tribunales el próximo 27 de noviembre. Será entonces cuando el Juzgado de Barakaldo llame a declarar como imputados a dos representantes del barrio: el presidente y el vicepresidente de la asociación de vecinos. Serán los encargados de hablar en nombre del resto, ya que finalmente se ha decidido imputar a una tercera parte de los 300 residentes del poblado minero, un centenar de personas en total. Según la Fiscalía, las movilizaciones que protagonizaron en primavera podrían ser calificadas como delitos de acoso inmobiliario, coacciones, amenazas e injurias.
También la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Trapagaran, Pilar Souto, deberá comparecer ante el juez ese mismo día. La edil, que mantiene silencio al respecto, negó en un primer momento el empadronamiento de la familia en La Arboleda, un trámite sin el cual no se podía escolarizar a los niños ni obtener la tarjeta sanitaria. Finalmente, el Consistorio cedió en mayo a las presiones e inscribió al grupo en el padrón después de que el Ararteko así lo recomendara.
La cita en los tribunales se producirá ocho meses después de que el poblado minero viviera varias protestas contra el realojo promovido por el anterior Gobierno vasco y la sociedad pública Sestao Berri de una familia procedente del barrio sestaoarra de Simondrogas en una de las escasas viviendas protegidas de La Arboleda. De hecho, la Ertzaintza tuvo que desalojar del inmueble a decenas de vecinos que organizaron en abril una sentada en su interior. Por aquellas fechas la vivienda asignada al matrimonio también sufrió varios actos vandálicos, como el sellado por dos veces de la puerta de entrada al piso o el destrozo de ventanas.
Testimonio policial
Según informó un portavoz del despacho de abogados que representa a la familia, la causa judicial requerirá, además, la declaración del joven matrimonio realojado en La Arboleda con sus cinco hijos, que ya testificó este verano. También se solicitará el testimonio de los agentes que intervinieron durante el conflicto, así como las grabaciones y documentos de que dispongan los medios de comunicación que cubrieron el conflicto desatado la pasada primavera. «Existe, sobre todo, interés por aquellos registros, cintas o documentos que recogen las declaraciones de las personas implicadas», reveló.
Aunque en un principio sólo se ha solicitado la intervención de los dos representantes de los vecinos y de la teniente de alcalde, el resto de imputados podrían ser llamados a declarar más adelante. «Al final, se trata de un montón de personas que la Policía ha ido identificando durante las numerosas intervenciones que ha tenido que realizar en La Arboleda», explicó la letrada del matrimonio, María Tato.
Por su parte, los vecinos de La Arboleda se preparan para hacer frente a las acusaciones, que en total se han saldado con casi una decena de denuncias. También los residentes han presentado durante este tiempo varias causas contra la familia realojada.
El presidente de la asociación de vecinos, Iñaki Zamarripa, estaba de vacaciones cuando le llegó la citación. «Como estaba fuera, la remitieron la pasada semana al juzgado de paz de Trapagaran y allí vi que estábamos imputados un centenar de vecinos», señaló. El portavoz explicó que, aunque en un principio se les ha acusado de un delito de «acoso» a la familia realojada, «los cargos no están muy claros». «Dejaremos el tema en manos de un abogado», anunció, sin saber todavía si finalmente el Ayuntamiento de Trapagaran les facilitará uno.
De momento, Zamarripa ha solicitado la comparecencia de los vecinos en el Parlamento vasco. La pasada semana la Cámara recibió a un grupo de representantes del Consejo de asociaciones gitanas, que relataron su versión del conflicto vivido en La Arboleda. «Queremos que ahora se escuche a la otra parte, porque no nos parece de recibo que se queden con una única visión. Ahora parece que nosotros somos unos malvados y esta gente, unos benditos», se dolió.