La primera patera que recaló en la provincia de Alicante llegó en el año 2007. Desde entonces, han sido 22 las embarcaciones ilegales que han recalado en las playas de la provincia, para traer consigo alrededor de 200 inmigrantes ilegales.
El Gobierno central ha tardado tres años en implantar el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), para detectar las posibles embarcaciones sospechosas que navegan por el litoral levantino. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, presentó ayer el dispositivo cinco radares y un centro de mando en el cuartel de la Guardia Civil, acompañada por el jefe de la Comandancia, Antonio Bernabé Castro.
Este moderno operativo con una inversión de 8,5 millones de euros, reclamado desde hace años por el Instituto Armado, está integrado por cuatro radares fijos situados en puntos claves del litoral, como Cabo Roig (Orihuela), el Cabo de Santa Pola, Sierra Helada (Benidorm) y el Cabo de San Antonio (Denia), a los que se suma el radar móvil a bordo de un camión, que será trasladado en función de las necesidades operativas de la Guardia Civil.
Información en tiempo real
Con este dispositivo, según Llinares, se persigue «luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico», cuyas mafias hace años que desplazaron parte de sus rutas antes en el Estrecho hacia el sur de la Comunidad.
Según explica la Guardia Civil, «entre los radares y la centrar de control hay una relación directa». Esto permite recoger la información en tiempo real y de este modo, si hay alguna incidencia, ordenar la actuación sobre cualquier embarcación sospechosa.
La sala desde donde se controla el SIVE, no obstante, tendrá que compartir espacio con el COS (el centro al que se dirigen todas las patrullas operativas de Alicante), y en un futuro con el COTA, el centro operativo de tráfico.