La consellera de Acción Social, Carme Capdevila, indicó ayer que, entre las propuestas de resolución que consensúa el tripartito (PSC, ERC e ICV – EUiA) en vistas al debate de política general que comenzó ayer y concluirá mañana, figura un compromiso para impulsar el trabajo de la comisión interdepartamental sobre la prostitución.

Según Capdevila, que actuó comoportavoz del gobierno, aún es pronto para conocer en qué consistirán las propuestas de resolución del debate – que se someterán a votación mañana – y que los grupos que apoyan al Govern todavía las están estudiando. Apuntó, no obstante, que entre estas propuestas figurará un compromiso para avanzar hacia la regulación de la prostitución. Eso sí, «dentro de las competencias que tiene la Generalitat». Para ello, detalló, el tripartito propondrá que se impulse el trabajo de la comisión interdepartamental que ya existe dentro de la Generalitat para abordar la problemática de la prostitución.

Este verano unas escandalosas fotografías hechas en La Boquería de Barcelona reavivaron el debate sobre la prostitución en plena calle. Entonces, las tres administraciones interpeladas – Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central – se miraron unos a otros en busca de respuestas. Zapatero instó a Hereu a arreglar el problema con su ordenanza cívica y el primer edil reclamó ayuda a la Generalitat y al Ejecutivo para legislar la prostitución. Entretanto, solución parche: varias redadas policiales «limpiaron» la zona de las vergonzosas meretrices, de origen nigeriano.

Ahora, parece que el tripartito flirtea con regularizar esta práctica, aunque advierte que será, obviamente, dentro del marco competencial de la Generalitat.

A vueltas con el problema De ser así, la iniciativa puede quedar en casi nada. Como la citada comisión interdepartamental que ahora se quiere reimpulsar, y que se creó en 2002, en tiempos de CiU; o como el intento que en 2003 realizó la entonces consellera de Justicia, Montserrat Tura. Ella abanderó la creación de un anteproyecto de ley para regularizar el asunto – con iniciativas tales como «meublés» autogestionadoss – , pero el papel se quedó en un cajón tras varios borradores.

Al margen de las discrepancias en el seno del tripartito entre partidarios de la regularización y pro abolicionistas – disensiones que dividen el propio PSC – los grandes obstáculos entonces del anteproyecto fueron, precisamente, las competencias. Se requerían reformas en legislación laboral y de Extranjería, y eso, compete al Gobierno.