Por primera vez, un juez insta al Estado a traer a un chico expulsado ilegalmente Madrid

Vulnerados dos artículos de la Constitución y uno del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un juzgado ha obligado al Estado a «lograr el retorno» de un menor marroquí que fue repatriado ilegalmente por el Gobierno en noviembre de 2006.

Tras unos cuantos pronunciamientos institucionales y jurídicos, la sentencia firmada ayer por el juez de lo Contencioso de Madrid Celestino Salgado es la primera que insta a la Administración a repatriar a un menor que fue sacado de España sin atender sus derechos. Entre otros, el de estar tutelado por el Estado, en este caso, la Comunidad de Madrid.

La sentencia estima parcialmente el recurso contra la orden dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid y ejecutada por la Brigada de Extranjería, las cuales «se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho». El juez condena al Estado a «adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr el retorno del recurrente a España».

Bilal E. M., que ahora tiene 20 años, llegó a España en agosto de 2005 en los bajos de un camión. Vivió tres meses en la calle, estuvo uno en un centro de acogida y pasó ocho en un piso tutelado. En ese tiempo, culminó «con notas excelentes» un taller de aluminio. Pero la Policía se lo llevó.

La asociación Al Jaima recurrió apelando a que se había regateado a la Constitución – «el menor no fue oído» – y a que el pasaporte le fue sustraído «ilegalmente».

El juez dice que no consta que el chico fuera entregado a su familia o institución alguna, que no se le notificó la orden y que «no se respetaron sus opiniones», aspectos que vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva y de integridad física y moral, consagrados en los artículos 24 y 15 de la Constitución y el 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.