Extremadura recibe 1.700 euros por cada parto de mujeres portuguesas en Badajoz Mérida

«Una sanidad española para los españoles», reclamó hace unos días el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quejándose así de los gastos que producen los inmigrantes en los hospitales públicos. Esta postura, criticada desde muchos sectores como «xenófoba», no es nueva en su propia comunidad pues él mismo, como jefe del Ejecutivo extremeño, y teniendo precisamente como consejero de Sanidad a su actual sucesor, Guillermo Fernández Vara, impulsó en el año 2006 un acuerdo con Portugal para que las mujeres embarazadas de la región del Alentejo – que hace frontera con Extremadura – pudieran dar a luz en el Hospital Materno Infantil de Badajoz.

La razón es que la unidad de partos del hospital Santa Luzia de Elvas fue cerrada por las autoridades lusas por problemas de seguridad.

A partir de ese momento, se suscribió un convenio entre el Servicio de Salud Extremeño de Salud y su homólogo portugués para que las embarazadas de la raya (la frontera) sólo tuvieran que viajar 10 kilómetros, hasta el hospital materno pacense. Los centros portugueses más próximos, en Évora o Portalegre, se encuentran a más de 100 kilómetros.

Estos bebés, que pueden obtener la doble nacionalidad si lo desean, le han costado a la administración portuguesa desde el comienzo del acuerdo, hace algo más de tres años, unos dos millones de euros, a razón de unos 1.700 euros por cada uno de los más de 700 partos.

«Se cobra lo que a nosotros nos cuesta cada actuación, se les factura y ellos pagan al estar en el convenio perfectamente definidas las tasas por cada actuación», destacan desde el Área de Salud de Badajoz, que también ofrece el seguimiento médico de todo el embarazo durante los nueve meses. A su vez, llegan a Badajoz pacientes para someterse a radioterapia y para hacerse pruebas diagnósticas.

Sin embargo, no todo es tan fácil en esta relación. Las principales quejas se han producido a la hora del fallecimiento de algunos bebés lusos que nacieron con malformaciones en Badajoz. En primer lugar, porque desde el punto de vista legal no está delimitado a qué administración deben dirigirse las familias si quieren depurar responsabilidades por supuestas negligencias; en segundo término, porque desde Extremadura se exige que sean los propios familiares quienes se hagan cargo del traslado del cadáver, estimado en unos 750 euros. Estos factores han sido muy criticados por los grupos políticos de la oposición de Portugal, que ha pedido de forma insistente que se volviera a reabrir el Hospital de Elvas para evitar todos estos problemas.