La Misión Internacional de Verificación de Violación a los Derechos de los Pueblos Indígenas pidió ayer al Estado guatemalteco que atienda las demandas de los pueblos indígenas y sea imparcial en los casos que estos denuncian.

La Misión, liderada por Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, dio a conocer sus recomendaciones después de haber visitado varias comunidades indígenas del país.

Los visitantes permanecieron en Colotenango, Huehuetenango; Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; El Estor y Lívingston, Izabal, y San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

En esos lugares “documentamos cómo el impacto de las operaciones de extracción —de minería— y otros proyectos de desarrollo, pueden ser devastadores para los pueblos indígenas”, expresó Beltrán.

Agregó que pudieron darse cuenta de que existe impunidad, porque no se investigan las denuncias de miembros y líderes de comunidades indígenas que son amenazados o intimidados, a diferencia de las que otros sectores interponen contra los indígenas, como los desalojos, que sí son procesadas con prontitud.

“Además del abuso concreto contra los derechos humanos, las víctimas y sus familiares soportan la impunidad sin que en ninguno de los casos, documentados por la Misión de Verificación, los presuntos responsables hayan sido llevados ante la justicia”, señaló Beltrán.

Otra de las conclusiones de la Misión es que se incumple con los acuerdos firmados por el Estado con las referidas comunidades y a nivel internacional.

Vilma Sánchez, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (Codisra), reconoció que hay retrasos en el cumplimiento de la agenda de la paz y derechos de los pueblos indígenas. No obstante, consideró que existe un avance en los ámbitos institucional y legal en esa materia.