Las empresas constructoras no consiguen dar salida a las VPO que se levantan en Vitoria. Dos de cada tres adjudicatarios se retiran, día a día crecen los impagos y muchos de quienes se animan a comprar se encuentran, a última hora, con que los bancos no les dan la hipoteca. En fin, que la crisis ha dibujado un panorama insostenible, asegura el sector. Y estas «graves dificultades» pueden llegar a «comprometer la viabilidad de las promociones». «En pocos meses la situación puede dar lugar a una problemática similar a la existente en el subsector de viviendas libres: daciones en pago por deuda a entidades financieras, edificios inacabados, etcétera».

Todos estos problemas se recogen en un informe elaborado por la Unión de Empresarios de la Construcción (Uneca), al que ha tenido acceso EL CORREO, y que ya a principios de julio fue entregado al Gabinete Lazcoz. También fue trasladado a los grupos políticos municipales. Aunque los empresarios esperan respuesta desde hace dos meses, el asunto no se tratará hasta la semana que viene en el consejo de Ensanche 21, la sociedad pública que gestiona el crecimiento de la ciudad.

Ante este panorama, ¿qué proponen los empresarios para salir de este atolladero? «Es necesario introducir algunas modificaciones relacionadas con las obligaciones impuestas a las empresas adjudicatarias de suelo». Eso sí, los profundos cambios que sugieren se restringirían a «promociones aún no sorteadas». Es decir, a los más de 3.000 pisos que se deberían construir hasta 2011 para alcanzar los 18.000 previstos por el Ayuntamiento. En última instancia, los promotores buscarían construir a demanda, con lo que se abriría la posibilidad de no alcanzar esa cantidad en esa fecha.

3 contactos para comprar

Pero hay que ir por partes. Lo primero que buscan los empresarios es aumentar el universo de clientes. Según fuentes del sector, buena parte de los aspirantes actuales a VPO son familias que están en el límite de ingresos para comprar un piso. Así se explica que para encontrar un comprador sean necesarios tres contactos (es decir, dos aspirantes renuncian a la casa antes de encontrar adjudicatario). En 2006 sólo hacían falta 1,5 contactos, y el año pasado 1,76.

Para ampliar el mercado, los constructores plantean reducir hasta los dos años – frente a los cinco actuales – el plazo de empadronamiento que se exige para optar a un sorteo. De ese modo se daría acceso a un buen número de inmigrantes y a ciudadanos del Alto Deba recientemente llegados a Vitoria.

En cualquier caso, esto no garantizaría el relanzamiento del mercado de VPO. Por si acaso, Uneca pide que «el promotor tenga la facultad de no iniciar la edificación de viviendas hasta no disponer de, al menos, el 90% de los contratos firmados». Ahora, con una regulación nacida cuando los pisos eran casi depredados por compradores ávidos antes de ver los cimientos, no hay límite. Así que los promotores deben afrontar la construcción al ritmo que marcan los sorteos públicos.

Cuestión aparte es el precio. Dicen los promotores que «los márgenes empresariales» que ofrece la VPO son «exiguos». Así que proponen incrementar el coste de los pisos más pequeños. En Vitoria el metro cuadrado de una casa protegida es el mismo para una de 90 metros que para una de 45, mientras que la regulación autonómica permite cobrar más en los de menos dimensiones. Y esto es lo que pretenden los constructores que se haga aquí.

Sin opciones de renuncia

Pero hay más. Las entidades financieras siguen siendo reacias a dar hipotecas cuando detectan poca solvencia en los compradores. Para que esto cambie, Uneca pide avales públicos, «establecer garantías o impulsar fórmulas de aseguramiento para que las Administraciones respondan ante la entidad financiera para el caso de morosidad en los préstamos hipotecarios de VPO».

El documento que se discutirá en Ensanche 21 plantea endurecer las condiciones de pago a los adjudicatarios que sustituyan a alguien que renuncie, y reducir las opciones de renuncia «endureciendo las exigencias para volver a ser admitido en los sorteos del Ayuntamiento».

Todo esto supone bajar un escalón más hacia el abismo abierto por la crisis. Hace ya un año, el Consistorio accedió a aplazar la edificación de viviendas libres en los nuevos barrios a petición de los empresarios. Entonces, el alcalde aseguró que los plazos de la VPO eran «intocables». Ahora, la ciudad española con más vivienda protegida parece tener problemas para dar salida a las promociones públicas.