DV. El Ararteko da un varapalo a la gestión que la Diputación realiza en el centro de menores de Deba. En una resolución con fecha del pasado día 14 y que fue hecha pública ayer por SOS – Racismo, el defensor del pueblo en Euskadi asegura que las condiciones en las que se ha gestionado dicha instalación no han «respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad».

La resolución del Ararteko tiene su origen en una reclamación realizaba por SOS – Racismo, que denunció la actuación de la Diputación en el centro de Oilur de Deba para menores extranjeros no acompañados. La institución que dirige Iñigo Lamarka, tras un periodo de investigación y visitas a Deba, concluye que las condiciones en las que se ha gestionado dicho centro y el programa especializado desarrollado en él hasta la fecha «no han respetado debidamente los derechos reconocidos a los menores de edad en la Ley vasca 3/2005, de 18 de febrero, (….) particularmente el derecho a la educación y el derecho a ser oídos».

Añade que tampoco se han cumplido las previsiones contempladas en el decreto 131/2008, de 8 de julio, que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y adolescencia en situación de desprotección social. En consecuencia, el Ararteko insta a la Diputación a adaptar el programa «a la mayor brevedad a las previsiones normativas».

La defensoría vasca señala que el programa que se desarrolla en dicho centro no había previsto ninguna actividad ni formativa, ni educativa, ni terapéutica, ni de tiempo libre. Añade además que el perfil del personal contratado, las bajas y ceses de trabajadores, la inexistencia de tutores de referencia para los menores «no se corresponden con las previsiones que deben anteceder la puesta en marcha de un programa de estas características».

«No se cumple, por tanto, la previsión de una intervención de carácter intensivo e integral, de orientación socio – educativa y/o terapéutica centrada en el área personal», se indica en el informe.

Cese de la tutela

Iñigo Lamarka cuestiona también el criterio de la Diputación respecto al cese de la tutela. La institución foral considera que cuando un menor desaparece o se fuga del centro deja de estar bajo su protección. El Ararteko, sin embargo, considera que esta interpretación no está contemplada en ninguna normativa. «El abandono del recurso no es un motivo de cese de la tutela», señala. Recuerda también que «no resulta admisible que haya menores en suelo guipuzcoano fuera de la atención y el control de la administración competente, en este caso la Diputación Foral de Gipuzkoa, porque ello contraviene lo dispuesto en el ordenamiento jurídico».

El Ararteko señala también que «resulta preocupante» la existencia de personas menores de edad en situación de desamparo que llevaban un tiempo razonable tuteladas por la Diputación y que tras el traslado a Deba viven en la calle. Considera que los problemas de conducta de los menores tutelados «requieren de medidas educativas y de la puesta en marcha de programas especializados con garantías adecuadas tanto para el personal educativo como para los menores acogidos».

El Ararteko estima igualmente que la gravedad de los sucesos protagonizados por algunos menores en diversos municipios de Gipuzkoa exige «un análisis riguroso sobre las circunstancias que se han dado en cada caso y demanda una actuación conjunta y coordinada de todas las instituciones con competencia en la materia».

Tras conocer el contenido del informe, SOS – Racismo pide a la Diputación que atienda las conclusiones que recoge el Ararteko y ajuste su actuación a los derechos reconocidos en las leyes a los menores.