El Ejecutivo cree que Esperanza Aguirre ha hecho un flaco favor al PP al recurrir el real decreto que ha permitido transferir a Cataluña competencias sobre inmigración. El ministro de Trabajo y dirigente del PSC, Celestino Corbacho, advirtió ayer a los populares de que este tipo de iniciativas provocan una reacción en la ciudadanía catalana a la que no debería ser ajeno un partido con vocación de gobierno.

La iniciativa presentada ante el Tribunal Supremo es, a su juicio, un error político porque será entendido en Cataluña como «una agresión o una incomprensión» y hará crecer «el radicalismo».

Eso, desde la óptica del ministro socialista, acabará perjudicando a España, pero también a los intereses del principal partido de la oposición en un territorio hostil en el que le cuesta mucho crecer.

El Partido Popular es la cuarta fuerza del Parlamento de Cataluña con 14 diputados frente a los 48 de CiU, los 37 del PSC y los 21 de ERC. Sólo adelanta a Iniciativa per Cataluña, con 12, y Ciutadans, con tres. De ahí, la puya del dirigente socialista que, pese a afirmar que cada formación tiene derecho a recurrir lo que considere conveniente, llamó a sus enemigos políticos a «reflexionar».

Al margen de estas consideraciones, Corbacho adujo durante su participación en el Foro Nueva Sociedad que una comunidad autónoma no debería recurrir nunca un acuerdo del Consejo de Ministros. No es, ni mucho menos, una opinión compartida por sus compañeros de filas. De hecho, el portavoz parlamentario del grupo socialista (y juez de profesión), José Antonio Alonso, quitó importancia al asunto y afirmó que siempre que exista una «litigiosidad bien encauzada» no hay nada que reprochar.

El recurso presentado por la Comunidad de Madrid señala que la iniciativa gubernamental, que permite a algunas comunidades autónomas expedir las autoridades iniciales de trabajo a inmigrantes, vulnera el artículo 149 de la Constitución.

Competencias

Dicho texto adjudica al Estado competencias exclusivas sobre «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho al asilo». El recurso presentado por Aguirre asegura que dicha iniciativa modifica el reglamento de la ley de extranjería antes de haber modificado la propia ley.

Lo que molesta a Esperanza Aguirre, sin embargo, es que esas competencias sólo las pueden asumir de momento Andalucía y Cataluña porque así está establecido en sus nuevos Estatutos de autonomía.

Y el hecho de que unas comunidades posean esa facultad y otras no perjudica, según dijo el miércoles desde México, a aquellas como Madrid que se pueden encontrar con que «inmigrantes con permisos de trabajo concedidos en Andalucía» acaben en su territorio. COLPISA