El Ararteko ha criticado la actuación de la Diputación de Guipúzcoa en el centro de acogida de Deba al no haberse respetado los derechos de los menores y le ha advertido de que aunque éstos abandonen este lugar la institución foral no puede cesar su tutela. Estas denuncias han sido recogidas en una resolución del Defensor del Pueblo vasco, dada a conocer ayer por la asociación SOS Racismo en un comunicado, en el que se destaca que las condiciones en las que se ha gestionado el centro Oilur de Deba no han respetado la ley vasca de atención a la infancia y la adolescencia, y en particular al derecho a la educación y a ser oídos.

Tampoco se ha cumplido un decreto que regula los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, señala el Ararteko, que exige a la Diputación que adapte «a la mayor brevedad» el programa de ese centro a lo establecido por esas normativas. La institución que dirige Iñigo Lamarca recuerda que en Oilur no se programaban actividades formativas, educativas, terapéuticas o de tiempo libre; y que el personal contratado, las bajas y ceses de trabajadores y la inexistencia de tutores de referencia para los menores no permitían llevar a cabo una actuación «de carácter intensivo e integral».

Fugas y robos

También se cuestiona en esta resolución el procedimiento seguido por la Diputación para cesar la tutela a menores bajo su cargo ya que, según se recalca, «el cese de tutela por la desaparición del menor no está previsto en la normativa». El Ararteko relaciona el cese de la tutela a al menos 20 menores que abandonaron el centro de Deba con la apertura de «numerosas diligencias policiales por fugas, robos y otras actuaciones delictivas protagonizadas por estos jóvenes», lo que a su juicio ha contribuido a deteriorar la imagen de este colectivo.

Califica de «muy preocupante» el hecho de que menores en situación de desamparo que estaban tutelados por la Diputación vivan en la calle tras su paso por el centro de Deba, e insiste en que aunque esta institución dicte una orden foral de cese de tutela «no puede eludir su obligación» con estos chicos en desamparo. «No resulta admisible que haya menores en suelo guipuzcoano fuera de la atención y el control de la administración competente, en este caso la Diputación de Guipúzcoa, porque ello contraviene el ordenamiento jurídico», concluye el Defensor del Pueblo.